El entramado judicial que rodea a la AFA y a sus principales dirigentes volvió a cobrar impulso en los tribunales. Tras presentaciones ante la Cámara de Casación y dictámenes fiscales, la disputa procesal ahora se centra en qué fuero debe continuar la investigación sobre los negocios vinculados a la entidad y la presunta retención indebida de aportes. En este contexto, los fallos y los recursos que se presenten marcarán el calendario de la instrucción y las posibles apelaciones.
Una de las piezas claves es el recurso planteado por el fiscal Carlos Cerras, que solicita que el expediente relativo a la quinta asociada a la AFA vuelva al fuero penal económico. Esa presentación fue elevada a la Cámara de Casación y abre la vía para que un tribunal de mayor jerarquía determine la competencia. Paralelamente, causas por movimientos financieros y convenios internacionales siguen en la órbita de juzgados ordinarios.
Disputas sobre competencia: casación y tribunales ordinarios
La cuestión de la competencia procesal no es meramente técnica: define quién investigará y qué herramientas probatorias estarán disponibles. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió, en un expediente relacionado con los contratos de amistosos internacionales, que la causa permanezca en la justicia ordinaria y no se traslade al fuero federal, revocando una decisión anterior que había enviado el expediente a Lomas de Zamora. Ese fallo reactivó la instrucción en los tribunales locales y obliga a avanzar sobre el origen y el destino de los fondos.
Qué implica permanecer en los tribunales ordinarios
Cuando una causa queda en la justicia ordinaria, los jueces de ese fuero son responsables de investigar delitos comunes asociados a la gestión o administración. El tribunal consideró que no existían indicios suficientes para desplazar la pesquisa al fuero federal, aun cuando se mencionen operaciones en el exterior y montos importantes. Esto significa que la investigación continuará con las reglas y protocolos de los juzgados penales locales, que deberán determinar si hubo manejos irregulares y quiénes fueron los responsables.
Causa por aportes retenidos: fiscalía y ARCA insisten en avanzar
En otra arista del conflicto, la Fiscalía en lo Penal Económico, a cargo de Claudio Navas Rial, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitaron que se rechace el pedido de sobreseimiento presentado por la AFA y su presidente Claudio «Chiqui» Tapia. La investigación apunta a la supuesta retención de aportes por aproximadamente 19 mil millones de pesos en distintos períodos de y, según la denuncia que originó el expediente y que fue impulsada por ARCA en diciembre pasado.
Argumentos y defensas
La estrategia de la defensa de Tapia y de la AFA, representada por Norberto Frontini y Lucio Simonetti, se basó en resoluciones del Ministerio de Economía y de ARCA que habrían suspendido ejecuciones fiscales para entidades sin fines de lucro. Sus abogados sostienen que, si no se podía ejecutar la deuda, tampoco cabía exigir su pago en sede penal. Sin embargo, la Fiscalía y los letrados de ARCA replicaron que la suspensión de la ejecución no prorroga los plazos de vencimiento y que, una vez cumplida la fecha de vencimiento, la obligación sigue siendo exigible.
Próximos pasos y posibles recursos
El juez Diego Amarante solicitó el dictamen de la Fiscalía y la opinión de ARCA antes de resolver el pedido de sobreseimiento. Ambos informes recomendaron que el sobreseimiento sea rechazado, sosteniendo que existen indicios suficientes para continuar la investigación y que no se advertían circunstancias que desincriminen a los imputados. Con esas presentaciones, el magistrado quedó en condiciones de emitir una decisión que, sea cual sea, podrá ser apelada ante instancias superiores, lo que alargará el proceso.
La reclamación de competencia ante la Cámara de Casación, la permanencia de expedientes en los tribunales ordinarios y los pedidos fiscales para mantener vivo el caso por aportes retenidos configuran un escenario judicial complejo. La resolución de estos conflictos procesales determinará la velocidad de la instrucción y la posibilidad de llegar a instancias donde se analicen pruebas internacionales y movimientos de fondos. Mientras tanto, la dirigencia de la AFA enfrenta una presión jurídica y pública que podría tener consecuencias políticas y económicas.
