La reciente propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama para traducir al zapoteco la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género (LEAMVLV) en Oaxaca plantea una cuestión crucial: ¿realmente estamos garantizando el acceso a la justicia para todos, independientemente del idioma que hablen? Este no es solo un tema de traducción; es una oportunidad para reconocer y abordar las desigualdades estructurales que enfrentan las comunidades indígenas en México.
Una necesidad urgente: el contexto de la violencia de género
La violencia de género es una de las formas más severas de discriminación que enfrentan las mujeres. Pero, ¿qué pasa cuando estas no pueden acceder a la información legal en su lengua materna? La propuesta de la ministra surge de un caso real, donde María Fernanda Hernández Morales, una mujer zapoteca, denunció la falta de divulgación de la ley en lenguas indígenas. Esto compromete su derecho a vivir sin violencia, tal como lo establece la constitución mexicana.
Además, el marco jurídico internacional exige que los estados promuevan la igualdad y erradiquen la discriminación. Esto enfatiza la responsabilidad de México para garantizar que las leyes sean accesibles para todos sus ciudadanos. Sin embargo, a menudo observamos que las soluciones se quedan en la superficie. Este caso es un claro ejemplo de cómo la falta de comprensión y comunicación puede perpetuar la violencia y la exclusión.
Un precedente que podría cambiar el panorama
La decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia podría sentar un precedente histórico si se aprueba la propuesta con al menos cuatro votos a favor. No solo beneficiaría a las comunidades zapotecas, sino que también podría abrir la puerta para que otras comunidades indígenas exijan la traducción de leyes fundamentales a sus lenguas nativas, fortaleciendo así el acceso a la justicia desde una perspectiva intercultural.
Es importante destacar que la jueza Claudia Citlali Fuentes Flores ya había reconocido que la falta de traducción vulnera derechos fundamentales. Sin embargo, su fallo anterior solo ordenó un resumen en zapoteco. La propuesta actual va más allá al exigir la traducción completa y materiales accesibles, lo que demuestra un avance significativo hacia la inclusión y la equidad.
Lecciones y pasos a seguir para el futuro
Para los fundadores y líderes en el ámbito social, esta situación ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la adaptabilidad y la escucha activa. Quienes estén involucrados en el desarrollo de políticas o productos deben recordar que el acceso a la información es un derecho fundamental. Las decisiones deben basarse en la comprensión de las necesidades de las comunidades a las que se dirigen, asegurando que el lenguaje y los canales de comunicación sean adecuados.
Además, es fundamental que las instituciones y organizaciones no solo se enfoquen en la creación de leyes, sino que también implementen estrategias efectivas para garantizar que estas se comprendan y se apliquen en la práctica. La colaboración entre diversas entidades, como la Secretaría de Interculturalidad y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, será clave para lograr un impacto real.
Conclusión y reflexión final
El camino hacia la equidad y el acceso a la justicia es largo y lleno de desafíos. Sin embargo, iniciativas como la propuesta de traducción al zapoteco representan pasos significativos hacia un futuro más inclusivo. Es esencial que continuemos cuestionando y evaluando nuestras prácticas, asegurando que todos, independientemente de su lengua o cultura, tengan acceso a sus derechos. La justicia no debería ser un privilegio, sino un derecho universal. Y cada paso que se dé hacia su realización es un avance hacia una sociedad más justa.
