El archipiélago de Chagos ha vuelto a ocupar titulares por la convergencia de intereses estratégicos, legales y humanos. Por un lado, la administración de Donald Trump ha reclamado públicamente que Diego García no debe ser entregada en términos que limiten su uso militar; por otro, el gobierno británico liderado por Keir Starmer firmó en un acuerdo con Mauricio que reconoce la soberanía mauriciana sobre el archipiélago mientras se conserva un arrendamiento de la base por 99 años. En medio de esa disputa, un reducido grupo de isleños chagosianos realizó un regreso simbólico a la Île du Coin, enfrentando órdenes de desalojo y condiciones precarias.
La presencia en la isla de cuatro chagosianos —incluido el primer ministro electo del pueblo chagosiano, Misley Mandarin— expuso la dimensión humana del conflicto: tiendas de campaña con goteras, limitaciones para cocinar y la entrega de documentos oficiales que exigen abandonar el lugar. Paralelamente, en redes sociales y comunicados oficiales, la Casa Blanca y actores políticos conservadores en Reino Unido han intensificado sus mensajes sobre la necesidad de mantener el control operativo de la base, citando la posibilidad de emplearla en operaciones contra Irán.
Contexto del acuerdo y la reacción de Washington
El pacto de 22 de mayo de entre Londres y Mauricio formalizó la transferencia de la soberanía del archipiélago, dejando para el Reino Unido y sus aliados el uso continuado de la instalación militar en Diego García mediante un contrato de arrendamiento. Ese instrumento fue diseñado para conciliar una resolución diplomática con la preservación de capacidades estratégicas: el documento contempla un pago anual y la obligación de garantizar el acceso militar durante casi un siglo. Sin embargo, la llegada de mensajes públicos desde la plataforma Truth Social de Donald Trump criticando el acuerdo ha abierto una nueva ronda de presión sobre el Ejecutivo británico.
El regreso de los chagosianos y la respuesta británica
El desembarco en la Île du Coin constituye un acto de desafío de personas desplazadas décadas atrás. Los protagonistas vivieron la entrega de una orden de desalojo por parte de agentes del Territorio Británico del Océano Índico, que impusieron restricciones sobre acciones tan básicas como encender fuego en la playa. Pese a ello, los retornados insisten en su derecho a habitar el archipiélago y en que su accionar es pacífico y respetuoso del entorno. La escena subraya el choque entre la normativa administrativa y la reivindicación de un pueblo por su tierra.
Condiciones en la isla y respuesta inmediata
Según los relatos, los ocupantes improvisaron con recursos mínimos para alimentarse y protegerse de la lluvia; mencionaron pesca y la presencia de cangrejos cocoteros, aunque admitieron su intención de respetar el ecosistema. Tras el primer encuentro, las autoridades regresaron con órdenes más firmes y la presión por evacuar la zona, lo que anticipa procesos legales y administrativos que podrían alargarse semanas o meses. Mientras tanto, el gesto simbólico ya atrapó la atención de medios y diplomáticos.
Implicaciones estratégicas: por qué importa Diego García
La isla de Diego García tiene un valor estratégico para las capacidades de proyección militar en el Índico y más allá: su aeródromo y las facilidades logísticas la convierten en un punto esencial para operaciones aéreas y navales. Voces en Washington insisten en que mantener acceso operativo a la base es crucial ante escenarios de tensión en Oriente Medio, incluido un eventual enfrentamiento con Irán. Ese argumento ha sido central en la campaña diplomática para asegurar que cualquier transferencia de soberanía preserve derechos de uso que no condicionen la acción militar aliada.
La política internacional y la opinión pública
En el plano político, el tema ha motivado presiones cruzadas: desde parlamentarios conservadores y figuras con influencia en Washington hasta diplomáticos que trabajaron para blindar el acuerdo evitando un choque mayor con Estados Unidos. El debate revela la dualidad de la situación: una solución jurídica para cerrar una disputa de descolonización frente a la necesidad de garantizar intereses de seguridad que algunos, incluido Donald Trump, consideran no negociables.
La tensión entre Londres y Washington, las acciones simbólicas de los isleños y el escenario legal que se abre a raíz del acuerdo de auguran semanas de negociación y posibles confrontaciones diplomáticas, mientras la vida cotidiana en las playas del archipiélago se convierte en un reclamo visible contra decisiones tomadas décadas atrás.
