La disputa por el acceso vehicular en el AICM se ha intensificado en semanas recientes. Tras la reimplementación de una política que prohíbe la operación de plataformas de transporte dentro del perímetro aeroportuario, Uber reafirmó que existe una resolución judicial que impide sancionar a sus conductores por recoger o dejar pasajeros en las terminales. La empresa cita una medida del Juzgado Décimo Tercero en materia administrativa y una suspensión otorgada en octubre de 2026, que prohíbe la detención arbitraria y las multas contra vehículos en esos espacios mientras se resuelve el litigio.
En respuesta operativa, la Guardia Nacional y personal del aeropuerto realizaron patrullajes y emitieron advertencias verbales a conductores de aplicaciones que intentaron ingresar a las zonas federales. Por su parte, agrupaciones de taxistas autorizados convocaron bloqueos para exigir la exclusividad en las terminales, lo que provocó retrasos, desvíos y escenas de pasajeros cargando equipaje varios kilómetros. El conflicto llega en un contexto legislativo y de regulación más amplio, con propuestas para abrir los predios federales a las apps y el debate sobre la movilidad de cara a la Copa Mundial 2026.
Marco jurídico y reclamos de las partes
En el centro del pleito figura el amparo promovido por plataformas que alegan que los operativos y sanciones violan derechos constitucionales de sus conductores. La resolución mencionada por Uber, asociada al juicio de amparo identificado como 1202/2026, ordena a las autoridades evitar acciones que impliquen la confiscación de vehículos o multas arbitrarias. El gobierno, representado en este caso por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mantiene que las plataformas no cuentan con autorización para prestar servicio dentro del polígono aeroportuario y que las autoridades pueden aplicar normativas vigentes cuando proceda.
Choques en el terreno: bloqueos, operativos y costos
Las protestas de organizaciones como Sitio 300, Aerotaxi y otras que representan a los 11 servicios autorizados en el aeropuerto derivaron en bloqueos de accesos a las Terminales 1 y 2, con enfrentamientos verbales y la movilización de unidades de seguridad. Según reportes periodísticos, los agentes se limitaron a amonestar a los conductores de apps y advirtieron sobre la remoción de unidades en caso de reincidencia. Mientras tanto, la diferencia de tarifas entre taxis autorizados y servicios de app es notable: análisis financieros citados en la prensa indican que los taxis oficiales pueden costar entre un 87% y un 282% más que Uber, y entre un 239% y un 672% más que DiDi, dependiendo del destino.
Impacto inmediato en los viajeros
Para usuarios y turistas, el conflicto se traduce en incertidumbre sobre las opciones de movilidad al salir o entrar al aeropuerto. Algunos viajeros han preferido reservar viajes mediante aplicaciones pese a los operativos, atraídos por tarifas inferiores y la conveniencia de la plataforma. No obstante, el riesgo de ser amonestado por las fuerzas de seguridad o de enfrentar desvíos por bloqueos obliga a planear tiempos adicionales. En este escenario, la recomendación práctica es comparar precios, considerar alternativas oficiales del aeropuerto y prever márgenes de tiempo mayores para llegadas y salidas, especialmente con el aumento de demanda que se anticipa para eventos internacionales.
Perspectivas regulatorias y próximas etapas
En lo institucional, el caso forma parte de un pulso por el modelo de prestación de servicios en espacios federales: una nueva iniciativa legislativa busca homologar obligaciones de seguros y fiscales para aplicaciones y taxis, abriendo formalmente la operación en propiedades del Estado. Paralelamente, autoridades regulatorias han sancionado en el pasado a operadores aeroportuarios por prácticas anticompetitivas, lo que añade complejidad al conflicto actual. Uber advierte, además, que el desacato a la suspensión podría conllevar responsabilidades para funcionarios según la normativa de amparo, incluyendo sanciones administrativas y penales si se llegara a esa instancia.
Qué esperar del litigio
El juicio pretende desarticular el mercado cerrado que privilegia a ciertos concesionarios dentro de aeropuertos del país; mientras tanto, las resoluciones judiciales determinarán si los conductores de plataformas pueden operar sin riesgo de sanciones. Las partes mantienen posiciones contrapuestas: los taxistas demandan protección de sus ingresos y la vigencia de concesiones, mientras que las apps apuestan por la apertura y la competencia regulada. En las próximas semanas es probable que continúen las mesas de diálogo, medidas cautelares y operativos tácticos en terreno, con estrecha atención pública ante el flujo esperado de visitantes por la Copa Mundial 2026.
