El 20 de mayo de 2026 el Gobierno de Bolivia informó que solicitó la salida de la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García Carrillo, en reacción a declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la situación interna boliviana. La nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano señaló que la medida busca defender la soberanía del país y el principio de no intervención, argumentos que motivaron la orden de concluir las funciones diplomáticas de la representante acreditada.
La salida de la diplomática, designada por Colombia en 2026, se interpretó como una respuesta contundente del Gobierno de Rodrigo Paz a los mensajes públicos del mandatario colombiano, en los que describía la crisis como una insurrección popular y manifestaba su disposición a mediar. El Ejecutivo boliviano rechazó que la mediación se proponga por redes sociales y subrayó la necesidad de mecanismos formales, invocando la dignidad diplomática y la práctica de canales oficiales para tratar asuntos entre estados.
Medidas de reciprocidad y respuesta desde Bogotá
Ante la decisión de La Paz, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia comunicó la terminación de funciones del encargado de la Embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, como gesto de reciprocidad diplomática. En su comunicado, la Cancillería colombiana negó cualquier intención de injerencia en asuntos internos bolivianos y afirmó su respeto por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, al mismo tiempo que dejó abierta la posibilidad de acompañar iniciativas de diálogo si Bolivia lo solicita mediante los canales apropiados.
Factores que alimentaron la crisis
El origen inmediato del conflicto fueron los comentarios públicos de Gustavo Petro, quien calificó el desorden en Bolivia como una insurrección popular y mencionó la existencia de «presos políticos», además de pedir a Estados Unidos que no actúe contra el expresidente Evo Morales. Ese pronunciamiento y la oferta de mediación, hecha en parte por redes sociales, irritaron al Gobierno de Paz, que consideró improcedente y poco protocolario que se aborde una crisis interna por canales informales.
Evo Morales y el foco judicial
La tensión tiene también un componente judicial y político: el líder indígena Evo Morales enfrenta una orden de aprehensión por no presentarse a declarar en un proceso que lo investiga por supuestas acusaciones graves, incluidas formas de trata y abuso infantil según fuentes judiciales. La situación motivó reacciones internacionales; autoridades y exmandatarios interpretaron los hechos de maneras contrapuestas, y figuras como el exfuncionario estadounidense Christopher Landau y el grupo de exjefes de Estado denominado Grupo Libertad y Democracia emitieron juicios que aumentaron la polarización en torno a si se trata o no de una ruptura institucional.
Consecuencias y próximo panorama diplomático
La crisis ha puesto a prueba los lazos históricos entre ambos países y obligado a activar los protocolos diplomáticos tradicionales. Desde La Paz, el ministro Fernando Aramayo enfatizó que las ofertas de terceros deben seguir cauces oficiales y no redes sociales, criticando lo que calificó como una forma poco seria de intervención. Bogotá, por su parte, reiteró su disposición a dialogar y su compromiso con la solución pacífica de controversias, aunque mantuvo la medida de expulsión como respuesta inmediata.
En el terreno regional, analistas advierten que el episodio podría tensar la cooperación en temas fronterizos y comerciales y obligar a otros gobiernos a posicionarse o mediar. Mientras tanto, las partes han insistido en preservar los canales diplomáticos y evitar una ruptura formal de relaciones, aunque la situación sigue siendo delicada y su evolución dependerá de la comunicación entre ministerios y el respeto de los protocolos internacionales.
