El fallo del Consejo de Estado puso en pausa el aumento del salario mínimo decretado por el Ejecutivo. La decisión es de carácter provisional y obliga al Gobierno a dictar de manera urgente un nuevo acto administrativo que funcione como solución transitoria mientras se resuelve la demanda de fondo.
La medida cautelar responde a recursos que cuestionan si el incremento original se ajustó a los parámetros técnicos y jurídicos exigidos por la normativa. En la práctica, millones de trabajadores y empleadores enfrentan incertidumbre sobre la remuneración aplicable para la vigencia en curso.
Qué determinó el alto tribunal
El Consejo de Estado adoptó una providencia que suspende provisionalmente los efectos del decreto que fijó el incremento salarial del 23,7%. Además, el tribunal ordenó al Gobierno —a través de los ministerios competentes y la oficina de la Presidencia— que, en un plazo de ocho días calendario, expida y publique un nuevo decreto transitorio que establezca el porcentaje provisional y el valor total del salario mínimo legal mensual vigente para la vigencia correspondiente.
La finalidad de esta orden es evitar un vacío normativo que afecte relaciones laborales, pagos salariales y obligaciones de seguridad social, manteniendo una fórmula temporal hasta que se profiera una sentencia definitiva en el proceso principal.
Cifras y contexto económico
Antes de la suspensión, el Gobierno había fijado el salario mínimo en $1.750.905, cifra que, sumada al auxilio de transporte de $249.095, da un ingreso total de $2.000.000. Este ajuste representó un salto notable frente al valor previo de $1.423.500, equivalente a un incremento cercano al 23% sobre la base anterior.
El Ejecutivo defendió ese alza bajo el concepto de salario vital y presentó el aumento como una política para mejorar el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. Sin embargo, contradictores y demandantes alegaron que el mecanismo utilizado para fijar el porcentaje no cumplió con los criterios técnicos establecidos en la normativa vigente.
Propuestas en disputa
Tras las conversaciones previas a la firma del decreto, quedaron sobre la mesa dos líneas fundamentales: la postura de los gremios, que propusieron un incremento moderado (alrededor del 7,21%) fundamentado en la inflación y la productividad; y la posición de las centrales obreras, que impulsaban un aumento mayor (cerca del 16%) para recuperar salario real. El Gobierno, por su parte, optó por una cifra superior a ambas propuestas, lo que generó tensiones y llevó a demandas judiciales.
Implicaciones prácticas y próximos pasos
Con la medida cautelar, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de emitir en tiempo breve un acto administrativo que determine la remuneración mínima provisional. Esa nueva cifra tendrá aplicación hasta que el Consejo de Estado emita sentencia definitiva sobre la nulidad o validez del decreto original.
En la elaboración del decreto transitorio, la administración deberá ceñirse a los criterios legales y jurisprudenciales aplicables —incluidos los parámetros previstos en la normativa sobre fijación del salario—, lo que limita la discrecionalidad y obliga a justificar técnica y constitucionalmente la cifra escogida.
Efectos para trabajadores y empleadores
Mientras se define el monto provisional, existen dudas prácticas: ¿qué sucede con pagos ya realizados al nuevo monto? ¿Cómo se ajustan contratos y obligaciones de seguridad social? El fallo establece que el valor que fije el Gobierno tendrá carácter provisional y regirá hasta la sentencia definitiva, por lo que empleadores y trabajadores deberán atender ese ordenamiento temporal. Además, las autoridades laborales y de hacienda deben coordinar para minimizar desajustes administrativos.
Balance y perspectivas
La decisión del Consejo reaviva el debate sobre la metodología para fijar el salario mínimo en el país: la búsqueda de mejores ingresos para la población más vulnerable choca con la necesidad de sostener la viabilidad empresarial, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas. La obligación de expedir un decreto transitorio pretende dar certidumbre inmediata, pero el proceso judicial podría prolongarse y determinar el rumbo definitivo de la política salarial.
En los próximos días el país estará pendiente de la cifra temporal que el Gobierno publique y de las explicaciones técnicas que la acompañen. Ese será el elemento que, por ahora, regirá las nóminas y los compromisos laborales mientras el alto tribunal resuelve el fondo del asunto.
