El Consejo de Estado de Colombia resolvió la suspensión provisional del decreto que estableció un aumento del salario mínimo superior al 23% para 2026. Con esta decisión, que se conoció el 13 de febrero de 2026, el alto tribunal exige a la administración del presidente Gustavo Petro una explicación técnica más detallada sobre los criterios empleados para fijar la remuneración base, y dio un plazo máximo de ocho días para que el Ejecutivo expida un nuevo decreto transitorio.
La medida, de carácter precautorio, no implica una declaración definitiva sobre la legalidad del aumento, pero sí paraliza su aplicación hasta que el Gobierno cumpla con la obligación de fundamentar la decisión conforme a los requisitos legales. El conflicto pone en tensión variables económicas, intereses laborales y la interpretación de criterios técnicos en la fijación del sueldo mínimo.
Por qué el tribunal pidió la suspensión
Según la resolución, el decreto cuestionado careció de una justificación técnica suficiente en aspectos clave que la ley exige para revisar el salario mínimo: inflación, productividad y la participación de los salarios en el ingreso nacional, entre otros. Las demandas presentadas ante el Consejo de Estado, promovidas por gremios empresariales y otros actores, sostienen que la administración aplicó criterios no contemplados expresamente en la normativa vigente, como la adopción del concepto de salario mínimo vital o living minimum wage, que no está codificado como obligación legal para el cálculo.
Implicaciones técnicas de la falta de motivación
Para el tribunal, la ausencia de una exposición clara sobre cómo se ponderaron las variables económicas dejó al decreto expuesto a recursos. La exigencia de un nuevo texto busca restablecer la seguridad jurídica y garantizar que la decisión esté respaldada por cifras y criterios que permitan evaluar su impacto en empresas, empleo y finanzas públicas.
Reacciones y actores involucrados
La noticia provocó respuestas inmediatas de sindicatos, cámaras de comercio y políticos. Organizaciones como Fenalco y otros sectores empresariales presentaron al menos dieciséis demandas según informes judiciales, argumentando que el aumento podría generar distorsiones en el mercado laboral y presionar aún más la inflación. Por su parte, representantes de trabajadores celebraron la intención de cubrir un salario de subsistencia, aunque reconocen que la vía legal ahora obliga a refrendar la medida con mayor rigor técnico.
Efectos sobre la economía real
El incremento anunciado elevó el salario mensual a alrededor de 1.750.905 pesos, con un subsidio de transporte que dejó la remuneración total cercana a los 2.000.000 pesos. Ese movimiento fue relevante para la política macroeconómica: el Banco de la República ya había ajustado la tasa de interés para intentar contener la inflación, que en diciembre de 2026 se situó en torno al 5,1%. La suspensión temporal añade incertidumbre para aproximadamente 2,5 millones de trabajadores que dependen del salario mínimo como referente, y obliga a empleadores y contadores a postergar la implementación de la tabla salarial de 2026.
El camino que tiene el gobierno
El Ejecutivo debe redactar y expedir un nuevo decreto transitorio en el plazo fijado por el Consejo de Estado, incorporando argumentos técnicos y jurídicos que expliquen la metodología aplicada. Esta tarea implica justificar cómo se integran elementos como inflación, productividad y participación salarial, y aclarar el alcance del concepto de salario mínimo vital dentro del marco legal. La rapidez requerida por el tribunal responde a la necesidad de evitar un vacío normativo prolongado que afecte a empresas y a la fuerza laboral.
Si el nuevo decreto satisface los criterios de motivación exigidos, la suspensión podría levantarse; de lo contrario, la decisión final del Consejo de Estado seguirá el curso de las acciones judiciales presentadas. Mientras tanto, el episodio expone el choque entre una apuesta política por mejorar el ingreso real de los trabajadores y la obligación de sujetar las medidas administrativas a rigurosos fundamentos técnicos y legales.
