La investigación del atentado contra la AMIA avanzó con un nuevo pedido de la Fiscalía: el titular de la Unidad Especial AMIA (UFI-AMIA), Sebastián Basso, solicitó que diez ciudadanos iraníes y libaneses sean llevados a juicio por su supuesta participación en la voladura del centro comunitario judío de Buenos Aires, un ataque que el 18 de julio de 1994 causó la muerte de 85 personas y lesiones a más de 140.
Además, la presentación ante el juez Daniel Rafecas incorpora a un nuevo imputado: Alí Asghar Hejazi, a quien la fiscalía describe como un dirigente de alto rango del régimen iraní y le atribuye un rol en la planificación del operativo. Los documentos fueron remitidos por la Fiscalía a la Causa AMIA, marcando un avance procesal en un expediente que lleva décadas de idas y venidas.
El rol de Hejazi y la nueva acusación
Según la reconstrucción que presentó la UFI-AMIA, Hejazi habría integrado el llamado Comité Vijeh, un órgano estatal iraní que, en la hipótesis de la Fiscalía, se encargó de recolectar inteligencia, analizar blancos y definir detalles operativos. Por eso se pidió su imputación, la declaración de rebeldía y la emisión de una orden de detención internacional.
El impulso procesal cobró fuerza por el testimonio brindado en Francia por cuatro disidentes iraníes, cuyas declaraciones, según la Fiscalía, aportaron datos relevantes para sostener la vinculación de Hejazi con el plan. Estos aportes se integraron a una exposición probatoria que busca consolidar la versión de responsabilidad estatal y operativa.
Los diez imputados que la Fiscalía quiere llevar a juicio
La Fiscalía reiteró el pedido de enjuiciamiento para diez personas que permanecen prófugas y con notificaciones rojas de Interpol desde 2006. Entre ellos figuran exfuncionarios iraníes de alto rango: Alí Fallahian (exministro de Inteligencia), Alí Akbar Velayati (exministro de Relaciones Exteriores), Mohsen Rezai (excomandante de la Guardia Revolucionaria) y Ahmad Vahidi (vinculado al Al-Quds), sobre quien medios no estatales en Irán informaron un reciente nombramiento dentro de la Guardia.
Asimismo, se incluyeron exdiplomáticos que estuvieron destinados en Buenos Aires —Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari— a quienes se atribuye la conformación de una red de inteligencia que habría recabado información y facilitado la logística para el atentado.
Participación de Hezbollah y roles específicos
La nómina se completa con tres implicados señalados como miembros del grupo Hezbollah: Salman Raouf Salman, acusado de coordinar la etapa final de la operación; Abdallah Salman, vinculado a la administración de fondos; y Hussein Mounir Mouzannar, señalado por proveer documentación falsa para facilitar movimientos.
En un escrito de 201 páginas, la Fiscalía solicitó que a los imputados se les atribuyan delitos como homicidio agravado por odio religioso o racial, lesiones gravísimas, daños y la participación en una organización armada con fines discriminatorios, entre otras figuras penales.
Aspectos procesales y patrimoniales
La Fiscalía pidió además la actualización de medidas precautorias sobre bienes ligados a los acusados, que la investigación estima en más de 741.000 millones de pesos, y solicitó que las notificaciones se cursen por vías diplomáticas a los prófugos. Estas medidas apuntan a asegurar la eficacia de una eventual sentencia y a preservar la posibilidad de ejecución de penas o reparaciones.
El expediente avanza hacia la eventual celebración de un juicio en ausencia, previsto por la ley argentina 27.784, que permite enjuiciar a personas que permanezcan en el exterior y se nieguen a comparecer. La defensa de los imputados apeló la constitucionalidad de esa norma ante la Cámara Federal de Casación Penal: las objeciones fueron rechazadas por el juez Rafecas y por la Cámara Federal de Apelaciones, y ahora deben ser resueltas por la Sala II del máximo tribunal penal del país.
Fotografía del caso y próximos pasos
La Fiscalía sostiene la hipótesis de que la decisión, el financiamiento y el respaldo político provinieron de las más altas esferas del régimen iraní, mientras que la ejecución operativa habría quedado en manos de Hezbollah. Con el nuevo pedido, el proceso judicial suma actores y documentación y se acerca a una etapa de definición, aunque el camino sigue marcado por la complejidad diplomática y la lejana presencia de los imputados.
El avance procesal refleja, según la Fiscalía, la persistencia de familiares y víctimas en la búsqueda de una verdad judicial que, tres décadas después del atentado, aún se reclama en la Argentina y en el exterior.
