En el corazón de San Pablo funciona una sala donde decenas de operadores supervisan pantallas que transmiten imágenes de la ciudad las 24 horas. Ese centro es la columna vertebral de Smart Sampa, un sistema de reconocimiento facial que combina cámaras, bases de datos judiciales y inteligencia artificial. Smart Sampa se presentó como respuesta a la sensación de inseguridad y, desde su implementación a fines de 2026, las autoridades han difundido cifras que muestran arrestos y detenciones en tiempo real, pero también han surgido alertas sobre errores y usos que trascienden la lucha contra el crimen.
El impacto del programa se mide en números: cerca de 3.000 prófugos detectados y casi 4.000 detenciones en flagrancia, según reportes oficiales. El proyecto, que moviliza unidades móviles y cámaras fijas en espacios públicos y privados adheridos, tiene además un costo mensual mencionado por la administración local. Para muchos funcionarios, como el secretario de Seguridad Orlando Morando, Smart Sampa pasó a ser imprescindible; para otros, es la herramienta que concentra poder de vigilancia sin suficientes salvaguardas.
Funcionamiento y resultados
El sistema opera mediante el cruce en tiempo real de imágenes captadas por más de 40.000 cámaras con bases de datos del poder judicial. Cuando las coincidencias alcanzan un umbral, se genera una alerta que puede derivar en una intervención policial inmediata. Además de estaciones fijas, existen puestos móviles que permiten monitorear avenidas emblemáticas y barrios periféricos. Según las autoridades, el uso constante de esta tecnología ayudó a reducir ciertos delitos y a localizar fugitivos, mientras que el Gobierno informó de una caída de casi 15 % en robos en 2026, cifra que los defensores de derechos piden validar con estudios independientes.
Cobertura, cifras y ejemplos
La variedad de escenarios en los que opera Smart Sampa incluye calles, edificios públicos y centros privados que adhieren al sistema. En la práctica, las estadísticas oficiales reflejan casos preocupantes: más del 8 % de las personas arrestadas tras una identificación por el sistema fueron liberadas después por errores; al menos 59 individuos resultaron detenidos por confusiones de identidad y en otros 141 episodios la orden de captura estaba desactualizada. Casos mediáticos, como la detención temporal de un jubilado de 80 años o la interrupción de una terapia en un centro de salud mental, han alimentado la polémica pública.
Errores, discriminación y críticas
Organizaciones y abogados expertos cuestionan no solo la tasa de equivocaciones sino el uso que se hace de las coincidencias detectadas. Casi la mitad de los fugitivos atrapados figuran en la categoría estadística de «otros», donde predominan casos civiles como deudas de pensiones alimenticias. Para críticos como Amarilis Costa, directora de la red de abogados Liberdade, esto demuestra que Smart Sampa funciona también como mecanismo de control civil más que únicamente como herramienta contra la delincuencia. Además, la ausencia de registro racial en más de la mitad de los detenidos complica detectar un posible racismo algorítmico, un riesgo advertido por estudios internacionales sobre sistemas similares.
Respuestas oficiales y responsabilidad
El gobierno municipal sostiene que las fallas se deben, en muchos casos, a fallos del sistema judicial —por órdenes vencidas o datos incompletos— y defiende que nadie quedó preso por error de forma permanente, ya que las liberaciones se produjeron tras verificaciones. El secretario Orlando Morando ha afirmado que Smart Sampa no discrimina y se presenta como un recurso de seguridad. Sin embargo, las críticas piden más transparencia, registros completos y auditorías que permitan evaluar sesgos y depurar el funcionamiento técnico de los algoritmos.
Balance y preguntas abiertas
El contraste entre cifras de efectividad y relatos de detenciones indebidas plantea una disyuntiva: ¿cómo equilibrar seguridad ciudadana y derechos individuales cuando la tecnología acelera las decisiones policiales? La concentración de detenciones en barrios periféricos y el impacto en migrantes internos abren debates sobre desigualdad y perfilamiento territorial. Las voces que exigen transparencia y auditorías independientes señalan la necesidad de reglas claras, límites de uso y mediciones públicas que permitan evaluar si los beneficios anunciados compensan los costos sociales y los riesgos de error.
Hacia una regulación necesaria
La discusión en San Pablo resume dilemas globales: sistemas de vigilancia masiva prometen eficacia, pero requieren controles, registro de datos demográficos y mecanismos de rendición de cuentas. Si se buscan mejoras, expertos reclaman protocolos para casos de identificación errónea, actualizaciones en bases judiciales y estudios que midan impactos reales en la reducción del delito sin sacrificar libertades civiles. En el centro de la ciudad, el contador digital que marca las detenciones sigue mostrando cifras que dividen opiniones y obligan a pensar no solo en tecnología, sino en normas que la enmarquen.
