En su acostumbrada conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó ante periodistas los alcances de la cooperación en seguridad con Estados Unidos, y subrayó que esa relación debe desarrollarse dentro del marco que marca la constitución y las leyes mexicanas. Con tono enfático, la mandataria afirmó que la colaboración es de coordinación y apoyo mutuo, pero no de subordinación, y expresó su voluntad de intensificar el diálogo bilateral para evitar futuros malentendidos. En esa misma jornada, la agenda presidencial incluyó la recepción de representantes europeos antes de la firma de un acuerdo comercial modernizado.
Lo hablado con el secretario Mullin
Durante la reunión con el secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, Sheinbaum comunicó de forma directa las restricciones legales que impiden la realización de operativos conjuntos con fuerzas extranjeras en territorio mexicano. Según la presidenta, la conversación fue franca y se presentaron los resultados del trabajo de seguridad del gobierno federal; además, coincideron en la necesidad de mantener encuentros más regulares para monitorear la cooperación y aclarar protocolos. Sheinbaum anunció que el siguiente encuentro bilateral en materia de seguridad quedó programado para junio, con la intención de consolidar canales de comunicación.
El antecedente en Chihuahua
La aclaración presidencial responde a la polémica generada por la presencia de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un presunto narcolaboratorio en Chihuahua, donde se reportó la muerte de dos personas entre los involucrados. La participación de personal extranjero en esa acción —según fuentes oficiales y voceros— no contó con autorización expresa del gobierno federal, lo que motivó la instrucción de revisar responsabilidades y protocolos. Sheinbaum señaló que hechos como ese exigen una mayor transparencia y seguimiento conjunto para que no vuelvan a ocurrir.
Cuestionamientos internacionales y postura sobre Cuba
En la misma rueda de prensa, la presidenta cuestionó la lógica detrás de la reciente desclasificación y presentación de cargos por parte de autoridades estadounidenses contra el exmandatario cubano Raúl Castro por hechos ocurridos hace décadas. Sheinbaum, quien ha sido crítica de la política de bloqueo hacia Cuba y defensora de envíos humanitarios al país insular, preguntó públicamente qué sentido tiene una acusación cuando han pasado treinta años, y pidió explicaciones sobre los fines y consecuencias políticas de dicha decisión. El asunto generó comentarios sobre posibles repercusiones en las relaciones bilaterales.
Respuesta de la gobernadora de Chihuahua
Por su parte, la gobernadora María Eugenia Campos negó que hubiera ignorado una llamada de la presidenta en medio de la controversia y explicó que la comunicación se intentó por el llamado «teléfono rojo», un dispositivo exclusivo de la oficina que no siempre coincide con la agenda fuera de despacho. Campos aseguró que mantiene contacto directo con Sheinbaum mediante teléfonos móviles y personal de enlace, y que se ofreció a viajar a la Ciudad de México para reunirse en persona y aclarar cualquier duda.
Sobre la autorización de agentes extranjeros
Maru Campos reiteró que ella no autorizó, gestionó ni tuvo conocimiento previo de la presencia de agentes estadounidenses en el operativo en Morelos, Chihuahua, y que las investigaciones internas continúan para determinar quiénes sí estuvieron informados. También rechazó las acusaciones de que el gobierno estatal hubiera utilizado recursos para impedir una marcha organizada por simpatizantes de Morena, calificando esas imputaciones como infundadas y reiterando su disposición a colaborar con las autoridades federales para deslindar responsabilidades.
Claves para entender el escenario
En conjunto, estos episodios ponen de manifiesto tres elementos: la importancia de definir reglas claras en la cooperación en seguridad, la sensibilidad política que generan operaciones con participación extranjera y la necesidad de canales de comunicación permanentes entre autoridades locales y federales. Tanto la presidenta como la gobernadora han ofrecido colaboración, pero coinciden en que la transparencia y el respeto a la soberanía son imprescindibles para evitar tensiones que afecten la gobernabilidad y las relaciones internacionales.
