A medida que se inaugura la conferencia COP30 en Belém, Brasil, el plan nacional de clima de México se encuentra bajo un intenso escrutinio. La presidenta Claudia Sheinbaum, con su experiencia como científica climática, tiene la tarea de remediar el daño causado por la administración anterior de Manuel Andrés López Obrador, quien debilitó las promesas ambientales y promovió el uso de combustibles fósiles, lo que contradice tanto las leyes mexicanas como el Acuerdo de París.
Retos heredados de la administración anterior
Durante su mandato, AMLO hizo ajustes significativos en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de México, lo que llevó a críticas por su aparente falta de ambición real frente a la crisis climática. Activistas señalaron que el gobierno manipuló los datos para hacer que las NDC parecieran más efectivas de lo que realmente eran. Esta percepción de engaño ha puesto a México en una posición vulnerable en las negociaciones internacionales y ha generado desconfianza tanto a nivel nacional como global.
La importancia de la transparencia
Un aspecto crucial que debe abordar la presidenta Sheinbaum es el llamado a la transparencia en las políticas climáticas. La falta de claridad sobre los objetivos y las cifras ha llevado a una percepción negativa de las intenciones del gobierno. Organizaciones como Oxfam México han advertido que solo el 0.47% del presupuesto nacional está destinado a la mitigación del cambio climático, lo que subraya la necesidad de un compromiso financiero más robusto.
Acciones y posibles compromisos de Sheinbaum en COP30
Aunque Claudia Sheinbaum no estará presente personalmente en COP30, ha delegado la representación a la ministra de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Esta decisión resalta un enfoque estratégico en la presentación de la nueva NDC 3.0, que incluye metas más ambiciosas para 2035, así como un compromiso hacia la justicia climática y la protección de los defensores ambientales.
La ratificación del Acuerdo de Escazú
Una de las acciones más significativas que México podría adoptar es la ratificación del Acuerdo de Escazú, el cual busca garantizar la protección de los activistas ambientales y asegurar el acceso a la justicia en cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Con un alarmante número de activistas asesinados en América Latina, ratificar este acuerdo sería un mensaje poderoso de apoyo hacia quienes luchan por la justicia ambiental en México.
Perspectivas para el futuro de México en la lucha climática
El enfoque de México en la COP30 también se verá influenciado por la reciente actualización de su NDC, que establece un límite a las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores económicos para el 2035. Esta nueva meta representa un importante paso hacia una trayectoria de cero emisiones netas a mitad de siglo, un objetivo que se alinea con las expectativas globales bajo el Acuerdo de París.
Además, la inclusión de componentes relacionados con la adaptación al cambio climático y la atención a las pérdidas y daños causados por este fenómeno, son un indicativo de que el gobierno mexicano está tomando en serio los impactos del cambio climático y busca implementar estrategias efectivas para mitigarlos.
La necesidad de un enfoque inclusivo
En este contexto, el gobierno de Sheinbaum ha enfatizado la necesidad de un enfoque inclusivo que contemple la participación de comunidades indígenas y otros grupos vulnerables en la formulación de sus políticas climáticas. Esto no solo es crucial para garantizar un desarrollo sostenible, sino también para abordar la desigualdad histórica que enfrenta la región en términos de acción climática.
En conclusión, la participación de México en la COP30 será un momento decisivo para evaluar el verdadero compromiso del país hacia la lucha contra el cambio climático. Las decisiones que se tomen en los próximos días definirán si México se convertirá en un líder en iniciativas climáticas o si continuará jugando un papel secundario en un escenario global que demanda acciones urgentes y efectivas.
