La Corte Suprema de Justicia dictó una condena contra el senador Ciro Ramírez, imponiéndole una pena de 23 años (23 años y 3 meses según la sentencia de primera instancia) por su participación en una red dedicada al direccionamiento de contratos públicos. El fallo, conocido el 25 de marzo de 2026, se basa en una investigación que ubicó los hechos entre 2026 y 2026 y que centró su atención en el convenio entre el Departamento para la Prosperidad Social y la empresa Proyecta Quindío, identificado como Convenio Interadministrativo 670 de 2026.
Según la sentencia, la organización controló adjudicaciones de obras e interventorías por montos que, en términos reportados, rondaron los $90.000 millones de pesos, cifra que también ha sido referida en algunos medios como cerca de 24 millones de dólares. La Sala Especial de Primera Instancia calificó la estructura como un entramado con vocación de permanencia, destinado no solo al lucro ilícito sino a la obtención de beneficios políticos mediante la entrega de favores y la asignación anticipada de contratos.
Elementos probatorios que sostienen la condena
El fallo se apoyó en un conjunto amplio de pruebas que incluyeron chats de WhatsApp, registros de visitas, testimonios de contratistas y funcionarios, y documentos de inspección a la empresa implicada. Entre los elementos más relevantes aparecen conversaciones del 10 y 12 de noviembre de 2026 que muestran seguimiento detallado de la «bolsa de proyectos» durante la semana del 8 al 12 de noviembre de 2026, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, momento en el cual se cerraron acuerdos para asegurar adjudicaciones.
Chats y comunicaciones
Los intercambios extraídos de teléfonos de exasesores y gerentes permitieron reconstruir una cronología de decisiones y asignaciones. Mensajes en los que se alude a que «los proyectos son de Ciro Alejandro» o instrucciones para gestionar la firma del convenio sirvieron a la Corte para establecer que la cartera contractual fue tratada como un activo político. Estos registros constituyeron, según la Sala, uno de los pilares para demostrar el papel del senador como eje de la operación.
Testimonios y registros oficiales
Además de las comunicaciones, la investigación incorporó declaraciones de contratistas y empleados de Proyecta Quindío, registros de ingreso al DPS y constancias fotográficas de eventos políticos que, para la Corte, evidenciaron el cumplimiento de pactos proselitistas. Entre los testigos clave figura Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta, y contratistas que describieron cómo se estructuró la repartición de obras y la promesa de apoyos electorales a cambio de recursos públicos.
Mecanismo de la red y su alcance
La sentencia describe un diseño que replicó el modelo conocido como Las Marionetas 2, inspirado en un caso previo vinculado al exsenador Mario Castaño. El esquema se montó en torno al Convenio Interadministrativo 670 de 2026 (por $48.660.000.000 según el expediente) y buscó direccionar al menos 13 contratos de obra e interventoría a beneficiarios preseleccionados. Las adjudicaciones se habrían realizado mediante invitaciones cerradas y requisitos diseñados para favorecer a un único oferente.
Reacciones, defensa y consecuencias legales
El senador condenado ha anunciado que apelará la decisión, sosteniendo su inocencia y asegurando que las pruebas no lo vinculan directamente con los delitos que le imputaron, entre ellos concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. La Corte, por su parte, precisó que, aunque Ramírez no firmaba contratos, ejerció un dominio material sobre el proceso. En 2026 la Sala de Instrucción ya había decidido no abrir investigaciones contra otros senadores mencionados originalmente en las indagaciones por falta de pruebas.
El fallo también subraya el impacto político y territorial del esquema: según el tribunal, la operación buscó consolidar estructuras de poder en departamentos como Quindío, Caldas, Santander y Tolima, con fines electorales que habrían rendido frutos en 2026. Con la condena del 25 de marzo de 2026, el caso suma un capítulo más en la investigación de prácticas corruptas que usan la contratación estatal para fines privados y políticos, y abre la vía a recursos de apelación y posibles nuevas pesquisas sobre otros eslabones de la red.
