El 25 de marzo de 2026 la Corte Suprema emitió una condena contra el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, militante del Centro Democrático, imponiéndole una pena que equivale a cerca de 23 años de prisión. La resolución detalla no solo la privación de la libertad sino también una multa económica importante y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Este fallo resulta del proceso conocido en la opinión pública como Marionetas 2.0, una investigación que la justicia describe como un entramado para direccionar contratos y apropiarse de recursos destinados a obra pública.
Más allá de la cifra de la pena, la sentencia es de primera instancia, lo que permite la interposición de recursos; por ello la situación del escaño del parlamentario no se resuelve de inmediato. La defensa, encabezada por el abogado Pedro Nel Escorcia, anunció su intención de apelar la decisión. En el pasado reciente el senador estuvo privado de la libertad por una orden de captura emitida en diciembre de 2026 y, por la aplicación de la figura de la silla vacía, su curul permaneció sin suplente. En mayo de 2026 recuperó la libertad y volvió a ejercer como congresista.
Detalles claves del fallo
La Corte estableció la imposición de doscientos setenta y nueve (279) meses y ocho (8) días de prisión, la inhabilitación por doscientos ochenta (280) meses y veinte (20) días, y una multa equivalente a diecinueve mil cuatrocientos dos punto cuarenta y ocho s.m.l.m.v. que, según el fallo, corresponde a veintidós mil trescientos cuarenta millones seiscientos veinte mil seiscientos doce punto 8 pesos ($22.340.620.612,8). Los delitos por los que fue condenado incluyen cohecho propio y concierto para delinquir, según el tribunal. En el texto de la sentencia la Corte argumenta que el senador se valió de su cargo para incidir en procesos administrativos y de contratación mediante una red de influencias.
Origen y operación de la red investigada
La investigación judicial sitúa el origen del esquema en la estructura bautizada por las autoridades como Marionetas 2.0, vinculada a la actividad del exsenador Mario Alberto Castaño, quien operaba como un eje para direccionar recursos públicos. Según la Fiscalía y la Corte, la red aplicaba un mecanismo conocido como el peaje del 10 %, a través del cual se condicionaba la adjudicación de contratos a la entrega de comisiones. En este engranaje intervinieron alcaldes, contratistas y funcionarios, y actores políticos encargados de asegurar que las licitaciones favorecieran a terceros beneficiarios.
Contratos y alcance territorial
En su análisis la Corte señala la participación del senador en el direccionamiento de al menos 13 contratos que, en conjunto, superaban los $24.000 millones (COP), destinados a proyectos en departamentos como Quindío, Tolima y Santander. El expediente incluye interceptaciones telefónicas masivas y otras pruebas documentales que, según los investigadores, muestran conversaciones sobre cupos y porcentajes que corroborarían la existencia del esquema de reparto de comisiones. Además, la Fiscalía identificó la actuación de colaboradores que facilitaban la triangulación de recursos entre entidades públicas y contratistas afines.
Fases procesales y medidas anteriores
El proceso tuvo varias etapas: la orden de captura de diciembre de 2026, la medida de aseguramiento que derivó en la suspensión temporal de su curul y la posterior liberación en mayo de 2026, cuando retomó su actividad legislativa. La figura de la silla vacía se aplicó mientras Ramírez estuvo privado de la libertad, impidiendo que su colectividad ocupara el escaño de manera provisional. La sentencia del 25 de marzo de 2026, al ser de primera instancia, abre la posibilidad de revisión en segunda instancia, circunstancia que mantiene vivas las opciones legales de la defensa.
Impacto político y pasos a seguir
Políticamente, la condena provoca un impacto inmediato en la imagen pública del partido y reaviva el debate sobre la transparencia en la contratación pública. Aunque hay voces que piden la inmediata suspensión del congresista, la normativa actual establece que solo una sentencia firme implica la pérdida automática de la curul. En este contexto, la defensa ha insistido en que el senador continuará en su cargo hasta que se agoten los recursos, y el calendario legislativo —según algunos análisis— añade presión porque faltan pocos meses para la renovación del Congreso.
Qué podría ocurrir en la segunda instancia
Si la apelación prospera, la condena podría reducirse o incluso anularse; de lo contrario, una confirmación en segunda instancia consolidaría la pérdida de la investidura y abriría paso a sanciones definitivas. Más allá de la suerte judicial del congresista, el caso plantea preguntas sobre reformas en controles de contratación y medidas para evitar la repetición de esquemas de direccionamiento. La atención pública y política permanecerá sobre el proceso mientras transitan los recursos legales y se conocen las decisiones de la Corte en instancias superiores.
En síntesis, la decisión del 25 de marzo de 2026 marca un antes y un después en la causa conocida como Marionetas 2.0: impone una condena severa a Ciro Ramírez pero deja abiertas las vías para la apelación y determina que la definición final sobre su curul dependerá del devenir del proceso judicial. Las próximas resoluciones serán determinantes tanto para la situación personal del senador como para las discusiones sobre ética y control de la contratación pública en Colombia.
