La Corte Suprema emitió una sentencia de primera instancia que condena a Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, a 23 años y 3 meses de prisión por su participación en la llamada red denominada Las Marionetas 2. El fallo, conocido el 25 de marzo de 2026, responsabiliza al congresista de liderar un entramado que direccionó contratos públicos y desvió recursos por montos que la investigación sitúa en alrededor de COP 90.000 millones (aproximadamente US$24,5 millones). Además de la pena privativa de la libertad, la Corte impuso una multa millonaria y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de dos décadas.
La condena y las imputaciones principales
El tribunal encontró responsabilidad en delitos tipificados como concierto para delinquir agravado, cohecho propio y interés indebido en la celebración de contratos. Según la resolución, la estructura dirigida por el senador habría utilizado el Convenio Interadministrativo 670 de 2026, suscrito entre el Departamento para la Prosperidad Social y la empresa Proyecta Quindío, para adjudicar al menos 13 contratos a contratistas predeterminados. La Corte calificó la organización como un «entramado criminal con vocación de permanencia» y vinculó el esquema a prácticas de intercambio de recursos por apoyos políticos que buscaban beneficios electorales en departamentos como Quindío, Caldas y Santander.
Las pruebas que sostuvieron la decisión
La sentencia se apoyó en un acervo probatorio diverso: chats de WhatsApp extraídos de teléfonos de implicados, versiones testimoniales de contratistas y funcionarios, registros de visitas al DPS y fotografías relacionadas con eventos políticos. En particular, la Corte consideró cruciales las conversaciones entre Alejandro Noreña y Pablo César Herrera que, según el tribunal, detallaban la asignación de la «bolsa de proyectos» y la intervención del equipo del senador para asegurar beneficiarios. El testimonio del contratista Anderson González describió la dinámica de reparto de recursos y el pacto de beneficios electorales a cambio de contratos públicos.
Origen y funcionamiento del esquema
La investigación reconstruyó el diseño del aparato ilícito desde una reunión celebrada el 6 de julio de 2026 en el Club Manizales, donde, según el fallo, se pactaron apoyos políticos a cambio de prebendas en contratación. La Corte identificó roles concretos: un nivel directivo atribuido al senador; un nivel operativo en su unidad de trabajo (incluyendo a Katherine Rivera); un enlace técnico desde la administración (Pierre García); ejecutores en Proyecta Quindío (Pablo Herrera) y contratistas beneficiarios. El mecanismo aprovechó la naturaleza jurídica de la empresa territorial para efectuar invitaciones privadas cerradas que, en opinión del tribunal, facilitaron la selección de oferentes acomodados.
Impacto político y la aplicación de la regla de la silla vacía
La sentencia tiene efectos inmediatos en la correlación de fuerzas del Senado: por aplicación de la llamada silla vacía, el Centro Democrático pierde la curul del congresista y no podrá reemplazarlo durante lo que resta de la legislatura 2026–2026. Ese mecanismo busca sancionar a las colectividades por delitos de sus miembros y generar incentivos para un mayor control interno. En la práctica, la bancada de la derecha se redujo en un escaño, un cambio especialmente relevante en un periodo de alta polarización y con apenas meses para terminar la legislatura.
Reacciones públicas y pasos legales
Tras conocerse el fallo, el propio condenado rechazó la sentencia y anunció la interposición de recursos en instancias superiores, insistiendo en su inocencia y en que las pruebas no demostrarían la certeza de los hechos. Varios dirigentes del Centro Democrático, incluida la senadora Paloma Valencia, manifestaron respeto por la decisión judicial y expresaron confianza en que la segunda instancia pueda revocar la condena. Por su parte, el presidente Gustavo Petro valoró la resolución como un acto de justicia que también tiene implicaciones políticas por votaciones en las que el senador se había pronunciado contra iniciativas del gobierno.
El caso conecta además con antecedentes: el primer expediente de «Las Marionetas» tuvo como protagonista al exsenador Mario Castaño, condenado y fallecido el 18 de noviembre de 2026; la Corte encontró que el modelo delictivo se reprodujo en la versión que implicó a Ramírez. Aunque la sentencia de primera instancia abre la puerta a apelaciones y recursos, el fallo ya dejó una marca tangible en el tablero político y judicial colombiano: sanciones penales y administrativas combinadas con consecuencias directas en la representación parlamentaria.
