El Congreso vivió una jornada cargada de debate y movilizaciones cuando, entre el 27/2/y el 28/02/, el Senado puso en discusión dos iniciativas que polarizan la escena política: la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo y la modificación penal que propone la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Las sesiones extraordinarias se desarrollaron bajo un clima de alta tensión, con manifestaciones de sindicatos, cortes de ruta y voces críticas desde distintos sectores políticos y sociales.
En el recinto, las intervenciones de los legisladores reflejaron la fragmentación del tablero político: mientras el oficialismo defendió los proyectos como necesarios para «modernizar» el mercado laboral y fortalecer la seguridad ciudadana, la oposición advirtió sobre posibles efectos adversos para los derechos laborales y para la infancia. Afuera, trabajadores organizados y agrupaciones sociales manifestaron su rechazo a las reformas y reclamaron la preservación de conquistas históricas.
Cómo se aprobó la baja de la edad de imputabilidad
La iniciativa que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años obtuvo el respaldo del bloque que sustenta al presidente Javier Milei, logrando su sanción durante las sesiones extraordinarias. Los defensores del cambio señalaron que la medida prioriza la protección de las víctimas y la seguridad pública, argumentando que permite respuestas penales más ágiles frente a hechos graves cometidos por adolescentes mayores de 14 años.
Reacciones políticas y sociales
En la reacción pública, dirigentes oficialistas celebraron el resultado como un paso hacia la «mano dura» contra la delincuencia, mientras que referentes del peronismo y organizaciones de derechos humanos se manifestaron en contra, denunciando riesgos de estigmatización y criminalización de la infancia. Familias de víctimas se presentaron en la Cámara para respaldar la medida, reclamando cambios que consideran urgentes. La aprobación generó además anuncios de iniciativas judiciales y pedidos de inconstitucionalidad por parte de sectores opositores.
El pulso del debate sobre la reforma laboral
Simultáneamente, el Senado comenzó a tratar la reforma laboral, un proyecto que propone cambios en la regulación de contratos, negociaciones colectivas y condiciones laborales. Para sus promotores, la reforma busca «dinamizar» el empleo y atraer inversiones; para sus críticos, se trata de un texto que precariza el trabajo y erosiona salarios y derechos adquiridos. La discusión se dio en un contexto de movilizaciones sindicales, paros parciales y cortes en vías clave como la Panamericana.
Posturas destacadas en el recinto
Voceros opositores, como el senador Jorge Capitanich, advirtieron que la reforma «va a precarizar el trabajo y deteriorar el salario», subrayando además que el proyecto podría incrementar la desocupación al facilitar formas de contratación más flexibles para empleadores. En tanto, representantes del oficialismo defendieron el dictamen como fruto de «debate y negociación», y destacaron la participación de legisladores afines que justifican la iniciativa como parte de una agenda de cambios estructurales.
Movilizaciones, incidentes y el clima fuera del Congreso
Las protestas comenzaron desde temprano: sindicatos como el de trabajadores viales y empleados de fábricas se concentraron en las inmediaciones del Congreso, mientras operarios de plantas como Fate cortaron carriles en la Panamericana. Las consignas denunciaron una ofensiva contra el mundo del trabajo, con consignas que alertaron sobre salarios en riesgo y pérdida de derechos. La tensión social se sumó a llamados a la moderación desde sectores institucionales.
Impacto en la agenda pública
Los acontecimientos del 27/2/y 28/02/dejaron en evidencia una agenda polarizada que combina reformas económicas y cambios en materia penal. Más allá del resultado puntual de la baja de la edad de imputabilidad, la discusión sobre la reforma laboral continúa en el Senado y promete extender el conflicto social y político en las próximas semanas. La capacidad del gobierno para impulsar estas medidas dependerá tanto del recorrido parlamentario como de la respuesta de sindicatos, organizaciones sociales y la opinión pública.
En síntesis, la dupla de iniciativas tratadas en estas jornadas configuró un momento de alto voltaje institucional: por un lado, la sanción de la baja de la edad de imputabilidad y, por el otro, el debate abierto sobre una reforma laboral que genera incertidumbre en distintos sectores. El desenlace legislativo y las posibles impugnaciones judiciales marcarán los pasos siguientes, mientras la calle seguirá siendo escenario de protesta y reclamo.
