El Senado nacional aprobó un nuevo régimen penal juvenil que reduce la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años, en un resultado de 44 votos a favor y 27 en contra. La propuesta, impulsada por el gobierno y con amplio protagonismo de la bancada oficialista, ya había obtenido la aprobación previa en la Cámara de Diputados, y el Poder Ejecutivo anunció la inminente firma presidencial para convertirla en ley.
Las autoridades de la administración señalaron que se trata de una medida de reparación para la sociedad y una respuesta a la supuesta utilización de menores por parte de bandas criminales. La iniciativa había previsto originalmente un umbral de 13 años, pero se cerró un acuerdo político para fijar el piso en 14 con el objetivo de lograr consenso.
Qué cambia el nuevo régimen y cómo se compara la región
Con la sanción, menores a partir de 14 años podrán ser alcanzados por el sistema penal, aunque el texto incorpora medidas específicas sobre el trato y los objetivos de las sanciones. Bajo parámetros internacionales, la edad mínima de responsabilidad penal se define como la frontera por debajo de la cual un menor no puede ser considerado penalmente responsable ni juzgado. En la práctica regional, varios países de América del Sur sitúan el umbral en 14 años: Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Otros Estados, como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, mantienen edades menores, de 12 años.
Enfoque de tratamiento y reinserción
En la región se suele distinguir entre la responsabilidad penal y las respuestas institucionales: muchos países aplican medidas socioeducativas que priorizan la reinserción social de adolescentes infractores. La nueva ley nacional retoma esta tensión entre respuestas punitivas y políticas de reinserción, un debate que atraviesa partidos y especialistas.
Debate en el Senado: posiciones y críticas
La sesión estuvo marcada por intervenciones firmes. La senadora que encabezó la iniciativa subrayó que quien comprende la gravedad de sus acciones debe asumir responsabilidad ante la ley, reclamando una orientación más dura contra la delincuencia juvenil. Durante el debate se pidió un minuto de silencio por las víctimas de delitos cometidos por adolescentes, un gesto con fuerte carga simbólica.
En contrapartida, legisladores opositores denunciaron mecanismos de aceleración del trámite parlamentario que, según ellos, limitaron la participación técnica. Señalaron además que muchos expertos invitados habían expresado reparos y que los plazos y recursos previstos para adaptar los establecimientos de detención y ejecutar medidas rehabilitadoras resultan insuficientes. Para la oposición, la prioridad debería ser una política pública integral que incluya educación, prevención y reinserción, y no exclusivamente la vía punitiva.
Advertencias sobre implementación
Entre las objeciones técnicas se mencionó la necesidad de inversión en infraestructura y programas sociosanitarios, así como capacitaciones para personal judicial y penitenciario. Los críticos sostienen que aprobar la norma sin garantías de ejecución puede generar nuevos problemas operativos y vulnerar derechos si no se acompaña de políticas públicas robustas.
Contexto político y agenda legislativa
La sanción del nuevo régimen penal juvenil se inserta en una racha de aprobaciones legislativas del Ejecutivo, que busca avanzar con reformas consideradas por el gobierno como estructurales. Fuentes oficiales indican que la aprobación del proyecto suma impulso a otras iniciativas en trámite, entre ellas una reforma laboral que modifica aspectos de contratación y compensaciones y que también contó con un intenso debate público y parlamentario.
Para el oficialismo, la ley responde a una demanda social ante la percepción de aumento de hechos delictivos cometidos por adolescentes y a la utilización de menores por parte de organizaciones criminales. Los opositores, en cambio, advierten sobre la priorización de soluciones punitivas y la falta de una estrategia integral que combata las causas sociales de la delincuencia juvenil.
Perspectivas y próxima etapa
Con la promulgación prevista por el Poder Ejecutivo, el foco pasará a la implementación práctica: adaptación de centros, formación de equipos interdisciplinarios y asignación de fondos. El resultado del proceso determinará si el cambio legal se traduce en mejoras concretas de seguridad y reinserción o si, como alertan sus críticos, se convierte en una medida con efectos limitados por ausencia de recursos.
