En un giro significativo en el panorama judicial de Colombia, Santiago Uribe Vélez, hermano menor del ex presidente Álvaro Uribe, ha sido condenado a 28 años de prisión por su participación en actividades delictivas vinculadas al paramilitarismo. La sentencia fue emitida por el Tribunal Superior de Antioquia, que revocó una decisión anterior de absolución y determinó la responsabilidad de Uribe en los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.
Este caso ha captado la atención de la opinión pública, especialmente porque en los últimos meses se habían dado absoluciones en otros procesos relacionados con la familia Uribe. La nueva decisión judicial no solo afecta a Santiago, sino que también tiene implicaciones para la reputación y el legado del ex presidente Álvaro Uribe, un personaje polarizador en la política colombiana.
Detalles del caso y sentencia
La condena de Santiago Uribe se basa en su rol como líder en la formación del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, que operó en la región de Antioquia en los años 90. Este grupo, que se constituyó en 1992, es acusado de numerosos homicidios, secuestros y otras violaciones de derechos humanos. El tribunal documentó que Los 12 Apóstoles fueron responsables de al menos 300 asesinatos, incluyendo el de Camilo Barrientos, un conductor de autobús asesinado bajo acusaciones de colaborar con grupos guerrilleros.
Reacciones políticas y sociales
La sentencia ha provocado una amplia gama de reacciones en el ámbito político. Iván Cepeda, senador y defensor de los derechos humanos, celebró la decisión del tribunal, considerándola un avance para las víctimas de la violencia en Colombia. Por otro lado, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, también expresó su apoyo a la condena, subrayando que «la justicia se demora, pero llega».
Sin embargo, no todos comparten esta visión. Miembros del partido Centro Democrático, fundado por Álvaro Uribe, argumentan que su hermano es víctima de un sistema judicial que busca deslegitimar a la familia Uribe. Paola Holguín, senadora del mismo partido, defendió la integridad de Santiago, afirmando que es un «hombre bueno y trabajador».
Implicaciones y el futuro del caso
La sentencia de 28 años y 4 meses de prisión también conlleva una multa significativa, que asciende a aproximadamente 2.5 millones de dólares. La defensa de Santiago Uribe ha anunciado su intención de apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la condena es injusta y que se han violado sus derechos durante el proceso judicial.
El tribunal estableció que el grupo paramilitar operó durante un periodo crucial en la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la conexión entre la política y el paramilitarismo en Colombia. Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro del ex presidente y su legado político, así como sobre la justicia en el país.
A medida que el caso avanza, la atención se centrará en cómo responderá la Corte Suprema a la apelación y qué efecto tendrá esto en la percepción pública de la familia Uribe y de la justicia en Colombia.
