Recientemente, el gobierno de Estados Unidos incluyó al presidente colombiano Gustavo Petro en una lista de sanciones financieras, una medida que normalmente se reserva para narcotraficantes. Esta decisión ha desatado un intenso debate sobre el narcotráfico en Colombia y las políticas implementadas por Petro desde su llegada al poder.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó también a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti. Estas sanciones bloquean todos sus activos en EE.UU., limitando su capacidad para realizar transacciones financieras.
Los hechos
La decisión de EE.UU. se basa en afirmaciones de que la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes desde que Petro asumió la presidencia. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la administración de Petro ha permitido que los cárteles de droga prosperen sin una intervención efectiva del gobierno. “Desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína se ha disparado, afectando a la sociedad estadounidense”, declaró Bessent.
Reacciones a las sanciones
Las reacciones en Colombia han sido variadas. Algunos críticos sostienen que estas sanciones reflejan la presión que enfrenta Petro por su enfoque en la política de drogas, que prioriza la salud pública y la sustitución de cultivos en lugar de la erradicación forzada. Petro ha defendido su estrategia, argumentando que es un cambio necesario para abordar el problema de las drogas de forma más humana y efectiva.
Impacto en las relaciones bilaterales
Las sanciones han intensificado las tensiones entre el gobierno de Petro y la administración de Donald Trump, quien ha criticado abiertamente las decisiones de Petro en el manejo del narcotráfico. Trump ha calificado a Petro como un “líder del narcotráfico”, lo que ha deteriorado la cooperación entre ambos países en este tema sensible.
Adicionalmente, el gobierno estadounidense ha revocado las visas de Petro y su familia, generando interrogantes sobre la relación futura entre Colombia y Estados Unidos. Esta situación podría impactar la asistencia financiera que Colombia recibe de EE.UU., especialmente en programas destinados a combatir el narcotráfico y fomentar el desarrollo social en las áreas más afectadas.
La política de paz total de Petro
El enfoque de Petro, conocido como paz total, busca negociar con grupos armados ilegales y organizaciones narcotraficantes a cambio de colaboración en la paz y la justicia social. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por algunos sectores que consideran que puede fomentar la impunidad y debilitar la lucha contra el narcotráfico. La OFAC sostiene que esta política ha permitido que los cultivos de coca y la producción de cocaína aumenten a niveles récord.
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica que Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína a nivel mundial, con más de 253,000 hectáreas de cultivos de coca identificadas en 2025. Esto representa aproximadamente dos tercios de la producción global de cocaína.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Gustavo Petro y su gabinete subrayan la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. A medida que ambos países intentan manejar sus diferencias, la política de Petro será puesta a prueba en el ámbito interno y en el contexto de las relaciones diplomáticas con EE.UU. El futuro de la cooperación en la lucha contra las drogas dependerá de cómo ambas naciones aborden y resuelvan estas tensiones.
