La petición de licencia realizada por Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, encendió una serie de reacciones que atraviesan lo político, lo jurídico y lo diplomático. Tras la difusión de una acusación presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que vincula al mandatario y a otros funcionarios con el tráfico de drogas, figuras públicas tanto del oficialismo como de la oposición han tomado posiciones encontradas. Rocha rechazó categóricamente las imputaciones y anunció que responderá jurídicamente con contundencia, mientras el gobierno mexicano y la Fiscalía revisan la información recibida desde Estados Unidos.
El caso escaló públicamente el 29 y 30 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia y la DEA dieron a conocer cargos que, según la acusación, implican colaboración con el Cártel de Sinaloa y facilidades para el envío de drogas hacia Estados Unidos. En ese contexto, la decisión de solicitar una separación temporal del cargo por parte de Rocha se interpretó como una respuesta a la presión política y mediática que se generó inmediatamente.
Reacciones políticas: duros señalamientos y advertencias
Desde la oposición, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que la salida del gobernador no fue una iniciativa voluntaria sino el resultado de la presión social y las denuncias internacionales; incluso lo calificó como «narcogobernador» y afirmó que las acusaciones de las autoridades estadounidenses fueron la «gota que derramó el vaso». El mensaje de Moreno busca enfatizar años de violencia en Sinaloa y responsabilizar a Morena por supuesta complicidad política. Al mismo tiempo, voces del oficialismo han pedido esperar pruebas antes de emitir juicios definitivos, lo que ha tensionado el debate público.
Voces judiciales y explicaciones sobre el fuero
En el plano jurídico, el exministro Arturo Zaldívar puntualizó que la inmunidad procesal, comúnmente llamada fuero, protege la función y no a la persona, por lo que quien solicita una licencia deja de ejercer la función y podría ser sujeto a procesos en condiciones normales. Esta aclaración técnica se añadió al intercambio de declaraciones que buscan dilucidar si la separación temporal del cargo altera o no la posibilidad de investigar y, en su caso, ejercer acción penal.
Contenido de la acusación de Estados Unidos y personas señaladas
Según el comunicado del Departamento de Justicia, la acusación vincula a Rocha y a varios funcionarios con la protección y facilitación de actividades del Cártel de Sinaloa y la facción conocida como Los Chapitos. La imputación, presentada ante la jueza federal Katherine Polk Failla en el Distrito Sur de Nueva York, incluye presuntos delitos relacionados con el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Entre los señalados aparecen nombres como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, varios exmandos policiales y autoridades municipales de Culiacán, lo que convierte el expediente en uno de los más relevantes por implicar a funcionarios en activo y exfuncionarios.
Implicaciones jurídicas y posibles pasos
La Fiscalía General de la República informó que recibió a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores una petición relacionada con detención y posible extradición, y que revisará la documentación enviada. Fuentes oficiales han señalado que se solicitaron pruebas complementarias antes de definir cualquier procedimiento en México, lo que abre un periodo de intercambio probatorio y consultas bilaterales que combinan aspectos de cooperación judicial y defensa de la soberanía, planteada como prioridad por la presidencia.
Impacto político y próximo escenario
En el terreno político, la licencia de Rocha llevó al Congreso local a convocar sesiones extraordinarias para designar un gobernador interino y discutir la duración de la separación. La polémica alimenta la narrativa opositora sobre la presencia de una «narcopolítica» y refuerza los llamados a investigar posibles redes de protección al crimen organizado. Por su parte, representantes del oficialismo insisten en la presunción de inocencia y en que es necesario seguir procedimientos formales antes de tomar decisiones definitivas.
La controversia también tiene un componente diplomático: las autoridades mexicanas han expresado la necesidad de cuidar la autonomía del país en las investigaciones, aunque reconocen la importancia de la cooperación con instituciones como la DEA y el Departamento de Justicia para combatir el tráfico de drogas que afecta a ambos lados de la frontera. Mientras tanto, el caso continúa propiciando pronunciamientos públicos, reclamos de transparencia y expectativa sobre cómo se resolverá la revisión de pruebas entre las fiscalías de México y Estados Unidos.
