El martes pasado, Río de Janeiro vivió una de las operaciones policiales más letales de su historia reciente. Un total de 64 personas perdieron la vida durante las redadas dirigidas a desmantelar a la organización criminal Comando Vermelho, en las favelas de Complexo da Penha y Complexo do Alemão. La magnitud de esta acción, que involucró a aproximadamente 2,500 agentes armados, apoyados por vehículos blindados y drones, desató una ola de caos y pánico en las comunidades afectadas.
La intervención, que comenzó en horas de la madrugada, rápidamente se transformó en un escenario de guerra. Los disparos resonaron en las calles cercanas al aeropuerto internacional de la ciudad. Los residentes, aterrorizados, buscaron refugio mientras las tiendas cerraban sus puertas ante el temor de represalias por parte de las bandas criminales.
Impacto de la operación policial
Según el gobernador del estado, Claudio Castro, la operación tiene como objetivo frenar la expansión del narcotráfico en la región. Durante una conferencia de prensa, Castro reportó que, de los 64 fallecidos, 60 eran presuntos miembros de la banda criminal, mientras que cuatro agentes de policía también perdieron la vida en los enfrentamientos. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la efectividad y las consecuencias de tales intervenciones.
Reacciones ante la violencia
La respuesta a la operación ha sido contundente. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su horror ante la violencia desatada, señalando que este tipo de acciones tienden a amplificar el ciclo de violencia en comunidades ya marginadas. También se recordó a las autoridades sus obligaciones bajo el derecho internacional y se instó a realizar investigaciones efectivas sobre el uso de la fuerza por parte de la policía.
Las críticas no solo provienen del ámbito internacional. Varios líderes locales, incluido el congresista Henrique Vieira, han condenado la forma en que las autoridades tratan a las favelas como territorios enemigos, lo que se traduce en un uso excesivo de la fuerza. Vieira afirmó que se otorga a la policía una especie de “licencia para matar” en estas comunidades, lo que agrava aún más la situación de violencia.
Crisis de transporte y servicios públicos
El impacto de la operación se sintió en toda la ciudad, con el transporte público paralizado y numerosas escuelas y universidades cerrando sus puertas anticipadamente. La empresa de transporte RioOnibus reportó que más de 50 autobuses fueron robados y utilizados por los narcotraficantes para bloquear calles, dificultando el regreso a casa de miles de cariocas. Las autoridades locales, reaccionando a esta crisis, declararon un estado de alerta y trabajaron para restaurar la normalidad.
La respuesta del alcalde y del gobierno local
El alcalde de Río, Eduardo Paes, aseguró que su administración no permitiría que grupos criminales controlaran la ciudad. En una rueda de prensa, enfatizó que las medidas implementadas buscan garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar que el miedo se apodere de la población. Además, Paes subrayó el uso irresponsable de las redes sociales por parte de los criminales para propagar el pánico.
En medio de esta situación, la Human Rights Commission de la Asamblea Legislativa de Río ha demandado explicaciones sobre las tácticas utilizadas en la operación, subrayando que este tipo de intervenciones transforman a las favelas en un “teatro de guerra”. Los expertos han señalado que las operaciones masivas de este tipo suelen resultar en un alto número de víctimas, sin abordar las raíces del problema del narcotráfico.
La operación del martes no solo destaca la complejidad del conflicto entre las autoridades y el crimen organizado en Brasil, sino que también plantea preguntas sobre la eficacia de la política de seguridad actual en el país. Con un saldo tan devastador, queda claro que se requieren nuevas estrategias que prioricen no solo la seguridad, sino también el respeto por los derechos humanos en las comunidades afectadas.
