Las elecciones en Colombia se desarrollan en un contexto marcado por la violencia en zonas rurales y por cambios profundos en la comunicación política. Por un lado, la muerte de tres militares asignados al Plan Democracia en Cartagena del Chairá (Caquetá) reaviva las alarmas sobre la seguridad de la jornada electoral. Por otro, la manera de hacer campaña ha dejado de ser uniforme: hoy predominan estrategias hipersegmentadas que buscan audiencias concretas en lugar de mensajes masivos.
Entender lo que está en juego exige mirar simultáneamente los riesgos en el terreno —presencia de disidencias, amenazas y medidas excepcionales como el cierre de fronteras entre el 7 y el 9 de marzo— y las transformaciones tecnológicas y organizativas que condicionan cómo se construye la opinión pública y cómo se compite por votos.
Incidentes de seguridad y consecuencias para la jornada electoral
En una zona rural de Cartagena del Chairá, fuerzas militares informaron que tres soldados fueron asesinados durante un ataque atribuido a presuntos integrantes de las disidencias de las extintas FARC, en particular a una estructura señalada como dirigida por alias Iván Mordisco. Los fallecidos se dirigían a un punto de despliegue del Plan Democracia, la operación diseñada para proteger la votación legislativa.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, vinculó este ataque con operaciones previas contra las disidencias: informó que el domingo anterior las fuerzas militares bombardearon posiciones de esa estructura, en un operativo que dejó dos presuntos disidentes muertos, dos capturados y la recuperación de dos menores señalados como reclutados forzosamente. La reacción violenta pone en evidencia la complejidad de garantizar un voto libre y seguro en territorios con presencia de grupos armados.
Medidas estatales y alertas institucionales
Ante la escalada, Migración Colombia anunció el cierre de las fronteras entre el 7 y el 9 de marzo para evitar eventuales riesgos que puedan afectar el orden público. Además, la Defensoría del Pueblo ha advertido que 69 municipios requieren intervención urgente por riesgo de violencia política y ha documentado 457 casos de amenazas de muerte dirigidas a defensores de derechos humanos y actores políticos en el periodo preelectoral.
Las pérdidas humanas entre las filas militares y las alertas de riesgo subrayan la fragilidad de algunas regiones, donde la presencia del Estado convive con estructuras ilegales que buscan influir en la dinámica electoral mediante la intimidación.
La contienda electoral: números, actores y práctica
En lo formal, los comicios contemplan la renovación de casi 300 escaños entre Senado y Cámara de Representantes, además de la competencia entre candidaturas presidenciales que se miden en un escenario comparado con primarias. Pero más allá de los números, la forma de disputar esos votos ha cambiado: ya no basta con una campaña de alcance masivo.
La fragmentación del consumo informativo ha favorecido lo que los analistas denominan la campaña de nicho: mensajes diseñados para segmentos específicos, distribuidos por redes sociales, mensajería privada y bases de datos que permiten microtargeting. Este modelo es más eficiente para consolidar apoyos concretos que para atraer a mayorías indiferenciadas.
Estrategias contrastantes: del territorio a la pantalla
En Colombia conviven lógicas diferenciadas: por un lado, campañas de tierra que priorizan la movilización territorial, el contacto directo y la articulación con movimientos sociales; por otro, campañas altamente mediadas por plataformas digitales que construyen comunidades emocionales en nichos ideológicos. Unos candidatos apuestan por la permanencia en territorios y la legitimidad orgánica; otros buscan impacto rápido mediante mensajes polarizantes y presencia constante en redes.
Además, la profesionalización de las campañas —mediante el uso de bases de datos, pruebas A/B de mensajes y ajuste en tiempo real— ha convertido muchas campañas en laboratorios donde la persuasión se intenta optimizar por segmentos específicos del electorado.
Implicaciones para la democracia y recomendaciones
Estos factores combinados —riesgos de violencia en territorios determinados y la atomización del ecosistema informativo— obligan a replantear la protección de la votación y las estrategias públicas de comunicación. Es clave fortalecer la presencia estatal en municipios en riesgo, garantizar la seguridad de los operadores electorales y ampliar mecanismos de prevención contra la desinformación en nichos digitales.
La defensa del proceso requiere además de medidas inmediatas, como la coordinación entre fuerzas de seguridad y autoridades electorales, la promoción de espacios de información compartida que reduzcan las brechas entre audiencias. Sin una respuesta integral, la combinación de violencia armada y campañas segmentadas puede erosionar la percepción de legitimidad del proceso.
