En medio de la reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la eliminación del impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento, el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, ha subrayado la necesidad de seguir los procedimientos legales establecidos. Según Monreal, el Congreso de la Unión es el único organismo con la capacidad para derogar impuestos vigentes, lo que implica que la promesa de la presidenta no puede ejecutarse sin un proceso legislativo formal.
La controversia se originó cuando Sheinbaum anunció que la aplicación del impuesto a los videojuegos se cancelaría, argumentando las complicaciones para clasificar qué títulos deberían estar sujetos a dicha carga fiscal. Sin embargo, Monreal enfatiza que la eliminación de este impuesto no es una cuestión de simple voluntad política, sino que está sujeta a un marco legal que debe ser respetado.
Limitaciones legales del Ejecutivo
Durante una reciente comunicación, Monreal explicó que la Ley de Ingresos para 2026, aprobada en octubre, incluye de manera formal el impuesto mencionado. En este contexto, el legislador zacatecano afirmó que el poder ejecutivo carece de la autoridad para inaplicar un impuesto ya establecido. Esto quiere decir que, aunque el Ejecutivo considere que el impuesto es inapropiado o mal diseñado, no puede simplemente decidir no aplicarlo.
Proceso legislativo necesario
Monreal detalló que para que la promesa de Sheinbaum se vuelva realidad, es crucial que se inicie un proceso de reforma legislativa. Esto implica que la iniciativa para derogar el impuesto debe ser presentada formalmente ante el Congreso, donde los diputados de la bancada mayoritaria están dispuestos a votar para su eliminación. Sin embargo, enfatizó que la falta de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no es un argumento suficiente para cancelar la obligación tributaria existente.
El legislador también alertó sobre las posibles consecuencias de una decisión apresurada. La anulación del impuesto sin el debido proceso podría generar un vacío legal y problemas jurídicos que complicarían aún más la situación fiscal del país. Monreal hizo hincapié en que cualquier modificación a la recaudación de impuestos debe seguir el camino adecuado, garantizando que se respeten los principios de legalidad y transparencia.
El impacto del impuesto a videojuegos
El impuesto del 8% no solo afecta a los videojuegos con contenido violento, sino que también se proyecta que generará ingresos significativos para el gobierno. De acuerdo con las estimaciones, se prevé que este gravamen podría aportar hasta 183 millones de pesos al erario mexicano durante el ejercicio fiscal de 2026. Por lo tanto, la eliminación del impuesto podría tener un impacto considerable en las finanzas públicas.
Alternativas a la eliminación del impuesto
Monreal sugirió que, si el Ejecutivo considera que la aplicación del impuesto es inviable, la solución adecuada sería buscar una modificación legislativa que aborde las preocupaciones planteadas por la presidenta Sheinbaum. Esto podría incluir una revisión del diseño del impuesto o la creación de un nuevo marco regulatorio que permita clasificar adecuadamente los videojuegos. También mencionó la posibilidad de un decreto presidencial que ofrezca exenciones fiscales, aunque advirtió que esta medida sería solo una solución temporal y no resolvería las inconsistencias legales de fondo.
El debate sobre el impuesto a videojuegos refleja no solo la complejidad de la legislación fiscal en México, sino también la importancia de que las decisiones gubernamentales se basen en un respeto continuo por el marco jurídico establecido. La situación actual plantea desafíos tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, quienes deberán trabajar juntos para encontrar una solución que beneficie a todas las partes involucradas.
