La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR Cundinamarca) tomó una decisión que cambia las condiciones bajo las que la embotelladora Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (Indega), vinculada a Coca‑Cola, puede extraer agua en el municipio de La Calera. Mediante la Resolución 347 del 14 de abril de 2026, la autoridad ambiental aprobó una prórroga parcial pero con restricciones significativas sobre el número de fuentes, el volumen autorizado y el plazo de la concesión.
El ajuste responde a estudios técnicos que evaluaron la oferta y la demanda hídrica en la zona, y busca equilibrar la actividad productiva con la conservación de los ecosistemas locales. En paralelo, la medida incorpora obligaciones concretas para la empresa: desde sistemas de medición en tiempo real hasta planes de compensación y obras que beneficien a las redes de acueducto locales.
Qué cambió en la concesión y por qué
La resolución determina que Indega podrá seguir captando agua, pero solo en cuatro de los siete manantiales que tenía concesionados originalmente. Además, el caudal máximo autorizado se redujo de 3,23 litros por segundo a 1,9 litros por segundo, una disminución cercana al 42% sobre el volumen previo. El plazo de la autorización también fue recortado: en lugar de la extensión típica de 10 años, la renovación se otorgó por 5 años, tras los cuales se realizará una nueva evaluación del estado de las fuentes.
Fundamentos técnicos
Según el director de la CAR, Alfred Ballesteros Alarcón, la decisión se apoyó en modelos hidrogeológicos, análisis del balance hídrico de la microcuenca y proyecciones frente a la variabilidad climática. Estas evaluaciones consideraron la oferta en periodos normales, húmedos y secos y compararon la capacidad de los manantiales con la demanda productiva y comunitaria. La autoridad subrayó la prioridad legal del consumo humano frente a usos productivos y la posibilidad de suspender la captación ante fenómenos como El Niño.
Obligaciones ambientales y medidas de compensación
La resolución impone varias condiciones destinadas a mitigar impactos y aumentar la transparencia. Entre ellas figura la instalación de sistemas de medición en tiempo real para registrar el volumen extraído, con seguimiento por entidades como el IDEAM. La empresa debe implementar de inmediato planes de compensación ambiental y adquirir más de 53 hectáreas en ecosistemas estratégicos —páramos y zonas altoandinas— para su conservación y regulación hídrica.
Inversiones en comunidad e infraestructura
Además de la compra de áreas, se exige la ejecución de obras hidráulicas que mejoren el abastecimiento de los acueductos locales, con el fin de que las medidas beneficien directamente a las comunidades cercanas. Estas obligaciones buscan transformar parte del derecho de uso en acciones concretas de mitigación y sostenibilidad, vinculando la actividad empresarial con la gestión integral de la microcuenca.
Reacciones políticas y sociales
La decisión fue recibida con respaldo por la representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, quien celebró lo que calificó como el fin de “décadas de irregularidades” y atribuyó el resultado a debates de control político en el Congreso y a la presión mediática. Pizarro mencionó denuncias previas sobre el monto pagado por la extracción y presuntas irregularidades administrativas que habían motivado investigaciones.
Entre las quejas públicas se señalaron pagos considerados bajos —según denuncias, la planta habría pagado cerca de $11 millones anuales por extraer 279.000 litros diarios— y presuntas prácticas como el sellado con concreto de manantiales. La congresista también cuestionó la demora de la autoridad en responder, advirtiendo que aunque la resolución representa un avance, los límites pueden ser insuficientes para solucionar la escasez que afecta a vecinos de La Calera.
Balance y próximos pasos
La medida de la CAR busca un punto medio: permite la continuidad de la actividad industrial bajo condiciones técnicas más exigentes y con obligaciones ambientales sin revocar por completo la autorización. El plazo más corto y las exigencias de monitoreo crean un mecanismo de revisión periódica que pretende ajustar la política al comportamiento real de la microcuenca. Sin embargo, el debate sobre la suficiencia de las medidas y la necesidad de fortalecer la gobernanza del agua en escenarios de cambio climático permanece abierto.
En los próximos años será clave verificar el cumplimiento de las medidas, la efectividad de las compensaciones y el impacto real sobre el acceso al agua de las comunidades. La resolución marca una pauta en la región sobre cómo compatibilizar la actividad industrial con la protección de recursos hídricos frente a la variabilidad climática y la presión social.
