Este fin de semana, Myanmar se enfrenta a una elección marcada por la controversia y la violencia. Desde que la junta militar tomó el control del país en 2025, el clima político ha cambiado drásticamente. Según un comunicado de Amnistía Internacional, los preparativos para la primera ronda de votaciones han estado acompañados por ataques ilegítimos que podrían considerarse crímenes de guerra, así como un alarmante aumento en las detenciones arbitrarias.
La nueva legislación, conocida como la Ley de Protección de las Elecciones Generales Democráticas Multipartidistas, fue promulgada por los militares en julio. Esta norma penaliza cualquier acto que incite a la violencia contra los procesos electorales o hacia los ciudadanos involucrados en ellos. Las consecuencias de infringir esta ley son severas, con penas que van desde tres años de prisión hasta la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Comparación con procesos electorales anteriores
El contraste entre las elecciones actuales y las celebradas en 2015 y 2020 es notable. En 2015, el país experimentó un periodo de optimismo y un compromiso con los derechos humanos, mientras que la situación actual se caracteriza por el miedo y la represión. Joe Freeman, experto en Myanmar de Amnistía Internacional, señala que muchos ciudadanos rechazan estos comicios por temor a que fortalezcan el régimen que ha estado cometiendo atrocidades desde hace cinco años.
Las tácticas de la junta militar
A pesar de que la junta militar argumenta que su ley electoral busca proteger el proceso y a los trabajadores involucrados, en la práctica se ha convertido en un instrumento de represión. Desde su implementación, al menos 229 personas han sido procesadas por intentar sabotear el proceso electoral. Entre los detenidos se encuentran artistas y activistas que han expresado su oposición a las elecciones mediante diversas formas de protesta, incluyendo la colocación de adhesivos en espacios públicos.
Las detenciones incluyen casos alarmantes, como el de un hombre en el estado de Shan, quien fue sentenciado a siete años de trabajos forzados por criticar las elecciones. La situación es igualmente preocupante en otras regiones, donde los ciudadanos son presionados para participar en las votaciones bajo la amenaza de perder ayuda humanitaria.
La violencia y la represión en aumento
Desde la proclamación de la ley electoral, se ha intensificado la violencia en Myanmar, con un incremento en los ataques aéreos que se prevé alcanzarán niveles récord. La ONU ha documentado que, de los 330 municipios del país, 56 no contarán con elecciones debido a la ley marcial que se impone en esas regiones. La Liga Nacional para la Democracia, que ganó en las elecciones anteriores, ha sido disuelta y sus líderes permanecen encarcelados.
Impacto en la población civil
La escalada de conflictos ha afectado a comunidades vulnerables, incluyendo a los rohinyás y otros grupos marginados, quienes se encuentran atrapados en el fuego cruzado. La situación se vuelve más crítica con cada ataque, donde se han documentado bombardeos indiscriminados en zonas con alta concentración de civiles, como un hospital en el municipio de Mrauk-U, que fue alcanzado por un ataque militar.
Amnistía Internacional hace un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a los abusos sistemáticos de derechos humanos que están ocurriendo en el contexto de estas elecciones. La organización pide que se suspendan los envíos de combustible para aviones a Myanmar y que los responsables de estos crímenes enfrenten la justicia. Además, solicita a la Corte Penal Internacional que emita órdenes de arresto contra los líderes militares responsables.
Desde el golpe de estado de hace casi cinco años, la junta militar, conocida como la Comisión de Seguridad del Estado y de Paz, intenta consolidar su poder a través de un proceso electoral que muchos consideran ilegítimo. La primera vuelta de estas elecciones se llevará a cabo el 28 de diciembre, seguida de nuevas rondas a partir de enero, en un intento de legitimar su control sobre el país.
El clima actual en Myanmar es uno de creciente desesperanza, donde los ataques, las detenciones y la vigilancia son parte de la vida cotidiana. La resistencia nacional ha mantenido viva la lucha por la democracia, pero la represión militar plantea un desafío crucial a la búsqueda de justicia y paz en el país.
