La liberación masiva de archivos relacionados con el financiero condenado Jeffrey Epstein ha desencadenado una ola de reacciones que traspasan fronteras. En Estados Unidos, comparecencias forzadas ante comités del Congreso han puesto en el centro a exfiguras políticas; en el Reino Unido, registros policiales y detenciones han apuntado a miembros de la esfera pública y a personas vinculadas a la corona.
Los hechos conectan distintos hilos: desde audiencias en Capitol Hill donde se cuestiona la relación de líderes con los expedientes de Epstein, hasta pesquisas en propiedades reales y en residencias privadas en Inglaterra. El impacto es tanto institucional como personal, con acusaciones graves y defensas públicas que continúan alimentando la cobertura mediática y la demanda de transparencia.
Comparecencias en Washington: estrategias y acusaciones
En una audiencia mediática, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton respondió a un panel republicano que investiga a quienes pudieron relacionarse con Epstein. Ante el comité, Clinton negó tener conocimiento de los delitos del financiero y afirmó no recordar encuentros ni viajes en sus instalaciones, subrayando que nunca visitó su isla ni voló en su avión. A la vez, atacó al tribunal por lo que calificó como un intento de protección política hacia el presidente Donald Trump, reclamando que, si se quiere esclarecer la verdad sobre el tráfico sexual asociado a Epstein, el propio Trump sea convocado a declarar bajo juramento.
El presidente del comité, James Comer, defendió la pesquisa como un esfuerzo por entender múltiples aspectos del caso Epstein. Miembros demócratas del panel, entre ellos Suhas Subramanyam, han señalado la existencia de archivos del FBI que, según ellos, faltan en la divulgación pública y contendrían acusaciones serias, incluido material que implicaría a figuras de alto perfil. La presión política obligó a los Clinton, inicialmente renuentes, a presentarse tras amenazas de desacato por parte de la Cámara.
El efecto en el Reino Unido: detenciones y registros
Paralelamente, la publicación de millones de documentos por las autoridades estadounidenses ha reavivado investigaciones en el Reino Unido. La Policía del Valle del Támesis realizó registros en propiedades vinculadas a Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés, quien fue detenido y posteriormente liberado bajo sospecha de mala conducta en cargo público durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido. Las pesquisas se centran en denuncias de que pudo haber compartido información gubernamental sensible con Epstein, así como en posibles encuentros facilitados en el país.
El arresto de Andrés representa un hecho sin precedentes modernos para la familia real y ha provocado decisiones internas de la corona, incluidas la retirada de títulos y la relocalización del afectado fuera de su residencia habitual. La Casa Real, a través del rey, ha señalado su colaboración y la máxima sujeción al principio de que «la ley debe seguir su curso», mientras la investigación policial continúa revisando correos electrónicos y movimientos que podrían conectar al expríncipe con el círculo del financiero.
El caso de Peter Mandelson y la presión política
Otro protagonista en la escena británica es el exministro y exembajador Peter Mandelson, investigado por presunta mala conducta en cargo público relacionada con su relación con Epstein. Documentos publicados parecen mostrar que Mandelson pudo haber compartido información financiera con el condenado, lo que abrió una crisis política que derivó en dimisiones dentro del entorno del primer ministro Keir Starmer y exigencias de publicar documentos de vetting sobre nombramientos oficiales.
Víctimas, exposición y consecuencias institucionales
El escrutinio público incluye además el relato de víctimas. Virginia Giuffre, una de las denunciantes más visibles contra Epstein y Maxwell, se quitó la vida en tras publicar memorias en las que relataba abusos y conexiones con figuras poderosas. Giuffre había acusado públicamente al expríncipe Andrés y su testimonio contribuyó a un acuerdo civil en, sin admisión de responsabilidad por parte del acusado.
La apertura de archivos ha provocado arrestos, registros y una mayor solicitud de transparencia hacia instituciones que antes se consideraban intocables. En el Reino Unido se discute la publicación de documentos oficiales sobre nombramientos y la revisión de protocolos de seguridad; en Estados Unidos, las audiencias buscan reconstruir redes y determinar responsabilidades políticas. El proceso sigue y plantea preguntas sobre cómo se equilibran la presunción de inocencia, la rendición de cuentas y el derecho de las víctimas a la verdad.
Qué queda por resolverse
Quedan piezas por encajar: desde la verificación de correos y registros de vuelo hasta la posible citación de figuras que han sido mencionadas en los archivos. La investigación promete más comparecencias y pesquisas judiciales, y mantiene a la opinión pública atenta a cada nuevo documento o declaración. En el centro del debate están la exigencia de transparencia, la protección de víctimas y la capacidad de los sistemas judiciales para actuar incluso cuando están implicadas élites políticas o monárquicas.
