La Unión Europea ha aprobado un acuerdo político que pretende acelerar y homogeneizar los procesos de expulsión de personas en situación irregular. Tras largas negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo, el texto final del reglamento de retornos abre la posibilidad de crear centros de deportación en terceros países y establece mecanismos más rígidos para ejecutar las órdenes de salida.
Los responsables de la negociación, entre ellos el viceministro chipriota Nicholas Ioannides, han defendido que la norma completa el paquete migratorio comunitario y aporta «credibilidad» a la política europea. A la vez, organizaciones humanitarias y varias formaciones políticas alertan de un endurecimiento que podría vulnerar derechos y normalizar prácticas controvertidas.
Qué contiene el nuevo reglamento
El texto introduce la Orden Europea de Retorno (ORE), un formulario pensado para facilitar el reconocimiento mutuo de las decisiones de expulsión entre Estados miembros. Aunque el reconocimiento de la ORE será voluntario en la fase inicial, el objetivo es agilizar los trámites y reducir los tiempos entre la emisión de una resolución y su ejecución.
Además, el acuerdo contempla medidas para presionar a los países de origen que rehúsen recibir a sus nacionales deportados: desde posibles restricciones en visados hasta revisiones de la cooperación en desarrollo o de relaciones comerciales. Los defensores del texto argumentan que sin incentivos y consecuencias muchos retornos son imposibles de ejecutar.
Plazos y aplicación
Tras las fricciones sobre cuándo debía entrar en vigor, se pactó que el reglamento se activará al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la UE, si bien los Estados tendrán hasta 12 meses para aplicar las provisiones más complejas que exigen ajustes tecnológicos o formación de personal. No obstante, algunas medidas, como la posibilidad de instalar hubs de retorno en terceros países, podrán comenzar a implementarse de inmediato.
Impacto y cifras que motivan el cambio
Los defensores del endurecimiento apuntan a la baja eficiencia de los retornos: en 2026 la tasa de ejecución de órdenes fue de alrededor del 28%. Según Eurostat, aquel año había 719.395 personas en situación irregular en la UE, un 21,7% menos que en 2026; 491.950 órdenes de salida fueron emitidas y 135.460 personas fueron repatriadas tras recibir la orden, un aumento interanual del 20,9%.
Para los gobiernos más críticos, la nueva normativa responde a la urgencia de incrementar la efectividad de los retornos y evitar la percepción de impunidad que, según sostienen, anima los flujos irregulares.
Sanciones y obligaciones para las personas afectadas
El reglamento incorpora obligaciones reforzadas para quienes ven su solicitud denegada: deben cooperar con las autoridades para facilitar la ejecución del retorno. Se eliminan como motivos de aplazamiento algunos argumentos que antes podían frenar una deportación, como ciertos lazos familiares o enfermedades, según la redacción final. Las medidas punitivas incluyen la posibilidad de detención hasta por 30 meses si se considera que la persona no coopera o existe riesgo de fuga, y, en casos graves, prohibiciones de entrada incluso de carácter indefinido.
Controversias abiertas y reacciones
El punto más polémico sigue siendo la autorización para negociar y crear centros de deportación en terceros países, a los que podrían trasladarse personas con órdenes de salida, incluidos grupos familiares con menores. Esta última modificación fue impulsada por la Eurocámara y se incorporó al texto final, a pesar de las advertencias de organismos internacionales y de expertos en derechos humanos.
Michael O’Flaherty, comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, había reclamado salvaguardias claras, la exclusión de menores y acuerdos vinculantes bajo el derecho internacional como condición para cualquier instalación de este tipo. Pese a esas recomendaciones, la práctica queda permitida en la norma y varios Estados, desde Italia hasta Dinamarca y Alemania, han mostrado interés en explorar acuerdos con terceros países.
Cooperación con regímenes controvertidos
Como demostración de que la gestión de retornos trasciende lo técnico, la Comisión Europea se prepara para recibir a una delegación de los talibanes en Bruselas para tratar la cooperación en expulsiones a Afganistán; la delegación estará encabezada por Abdul Qahar Balkhi. Ese gesto subraya la tensión entre la búsqueda de acuerdos prácticos y las críticas por entablar diálogo con regímenes cuestionados por su historial en derechos humanos.
La aprobación formal del acuerdo corresponde ahora al Consejo y al Parlamento, pero el amplio apoyo político al endurecimiento aparenta facilitar su tramitación. Mientras tanto, ONG y grupos parlamentarios del arco progresista han anunciado recursos y movilizaciones para exigir salvaguardias adicionales y proteger a las personas más vulnerables.
Conclusión
El nuevo reglamento de retornos cierra la arquitectura legal del Pacto Migratorio, cuyo eje central entrará en vigor el 12 de junio, y redefine las herramientas disponibles para gestionar la inmigración irregular. Su implementación planteará desafíos técnicos, diplomáticos y jurídicos, y seguirá generando debate sobre el equilibrio entre control fronterizo y respeto a los derechos humanos.
