La Plataforma Ciudadana de Fosas, impulsada por organizaciones civiles y académicas, publicó un diagnóstico que concentra información relevante sobre hallazgos de fosas clandestinas en México durante 2026 y 2026. El estudio compiló datos provenientes de medios de comunicación, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de ofrecer una visión más completa ante la ausencia de un registro público y homologado por parte de las autoridades.
Los resultados apuntan a una concentración geográfica y a discrepancias importantes entre fuentes: Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Chihuahua aparecen como las entidades con mayor número de hallazgos reportados. El diagnóstico también documenta variaciones en la contabilización de cuerpos y restos humanos, lo que complica las políticas públicas y la búsqueda de la verdad por parte de las familias.
Metodología y alcance del diagnóstico
El informe se elaboró con datos públicos y reportes periodísticos, además de la información entregada por fiscalías estatales y la FGR hasta diciembre de 2026. La compilación pretende subsanar la carencia de un registro nacional accesible que centralice hallazgos y facilite comparaciones. Las organizaciones responsables —Artículo 19 México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana— enfatizan que sin criterios homogéneos no es posible medir la magnitud real del fenómeno.
Fuentes y discrepancias
Las tres fuentes consultadas muestran cifras marcadamente distintas: los medios registraron 1,006 fosas entre 2026 y 2026; las fiscalías estatales reportaron 1,451; mientras que la FGR consignó 94 casos a través de solicitudes de transparencia. Estas diferencias no solo aluden a omisiones o subregistros, sino también a diferencias metodológicas en la clasificación y documentación de los hallazgos.
Principales hallazgos y variaciones por entidad
El diagnóstico destaca que Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Chihuahua concentran el mayor número de fosas documentadas durante el periodo 2026-2026. No obstante, las cifras cambian según la fuente: en algunos estados los medios reportan más hallazgos que las fiscalías; en otros ocurre lo contrario. Esta falta de concordancia impide identificar con precisión dónde se focaliza la gravedad del problema.
Cuerpos y restos: cifras en conflicto
Las discrepancias alcanzan también a la contabilización de víctimas: los medios informaron la recuperación de 2,017 cuerpos y 2,719 restos óseos en 2026-2026, con 536 hombres y 156 mujeres identificados cuando la información estuvo disponible. En contraste, las fiscalías estatales reportaron la localización de 1,616 cuerpos en el mismo periodo. La FGR, además, redujo el detalle que antes publicaba, limitando la transparencia sobre cuerpos y fragmentos encontrados.
Ausencia de un registro nacional operativo y sus consecuencias
Aunque la legislación prevé un Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, la Plataforma Ciudadana de Fosas alertó que no existe una versión pública, completa y accesible de ese registro. La eliminación o falta de actualización de mapas y bases públicas agrava la opacidad. En este vacío institucional, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles han asumido la labor de documentar y sistematizar hallazgos para conservar memoria y evidencia.
La carencia de datos homogéneos afecta la elaboración de políticas públicas, la eficiencia en las búsquedas y la rendición de cuentas. Las organizaciones sostienen que un registro claro y accesible es indispensable para garantizar el derecho a la verdad de las familias y para coordinar esfuerzos forenses y de investigación.
Acciones necesarias y recomendaciones
El diagnóstico recomienda: instaurar criterios técnicos uniformes para clasificar fosas y restos; publicar de manera continua y abierta el registro nacional con desglose por entidad y municipio; y mejorar la coordinación entre fiscalías, la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda. Además, sugiere la incorporación de estándares forenses y de transparencia que permitan comparar datos y fortalecer procesos de identificación.
Las organizaciones reiteran que contar con información confiable no es solo una exigencia estadística, sino una condición mínima para garantizar la justicia, proteger derechos humanos y ayudar a las familias en la búsqueda de sus seres desaparecidos. La transparencia y la sistematización de datos son pasos imprescindibles para entender y atender una crisis que persiste en el país.
