Petro reporta intento de atentado y eleva su seguridad antes de jornada en Córdoba
Gustavo Petro informó este mes que evitó un posible atentado mientras se desplazaba hacia el departamento de Córdoba. El presidente dijo que su helicóptero no pudo aterrizar en varios puntos por alertas de riesgo de ataque y denunció un plan para plantar drogas en uno de sus vehículos oficiales con el fin de desprestigiarlo. En respuesta, el Ejecutivo aumentó las medidas de protección y abrió investigaciones internas.
¿Qué dijo exactamente la Presidencia?
Dicho sea de paso: la versión presidencial combina amenazas directas y una supuesta operación de desinformación. Petro relató que hubo advertencias sobre movimientos inusuales de grupos armados y redes del narcotráfico en rutas costeras y zonas rurales por donde debía transitar. En una ocasión la tripulación fue instruida a cambiar de plan de vuelo por riesgo de que el helicóptero fuera atacado.
Sé que no es popular decirlo, pero el jefe del Estado añadió que además de los riesgos físicos existía una maniobra destinada a incriminarlo mediante la colocación de drogas en un vehículo oficial. Por ello se anunciaron relevos en jerarquías policiales y el inicio de indagaciones disciplinarias y penales.
Contexto: elecciones y aumento de violencia política
La denuncia llega en medio de un calendario electoral convulso. Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026 han estado marcadas por ataques, secuestros y homicidios que han puesto en tensión la seguridad del proceso.
Informes de observatorios y misiones de seguimiento electoral advierten un aumento de municipios en riesgo por la combinación de violencia e intentos de manipulación. Recientes episodios incluyen el asesinato de un candidato, ataques a caravanas políticas y el secuestro temporal de la senadora Aida Quilcué en el Cauca.
Actores armados y presencia criminal
El Ejecutivo y reportes periodísticos ubican al Clan del Golfo y otras estructuras delictivas en zonas del Caribe y la región nororiental. Según esas fuentes, hay negociaciones, rupturas y hasta acciones coordinadas con actores externos que, a juicio del Gobierno, buscan desestabilizar y afectar la imagen oficial.
Medidas de seguridad y acciones institucionales
Tras las alertas, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) activaron un protocolo de seguridad nivel 1 para los desplazamientos presidenciales. Se reforzaron patrullajes, se revisaron puntos de aterrizaje y se evaluaron rutas alternativas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó auditorías a procedimientos de escolta y al transporte oficial.
Además se anunciaron investigaciones administrativas y penales para determinar posibles complicidades internas. Hubo relevos y remociones temporales de funcionarios bajo investigación mientras las autoridades indagan si existió financiamiento externo para las operaciones denunciadas.
Reacciones políticas
La denuncia provocó respuestas encontradas: aliados exigieron garantías y resultados en las pesquisas; la oposición pidió pruebas claras que sustenten las acusaciones. Organizaciones civiles reclamaron protección del proceso electoral y medidas para que la violencia no condicione la participación ciudadana.
Mientras todos hacen como que esperan pruebas, la prioridad oficial ha sido garantizar la seguridad de la familia presidencial y la normalidad de campañas y comicios.
Qué sigue
Dicho sea de paso: la versión presidencial combina amenazas directas y una supuesta operación de desinformación. Petro relató que hubo advertencias sobre movimientos inusuales de grupos armados y redes del narcotráfico en rutas costeras y zonas rurales por donde debía transitar. En una ocasión la tripulación fue instruida a cambiar de plan de vuelo por riesgo de que el helicóptero fuera atacado.0
