La agenda legislativa en Argentina se apresta a experimentar un cambio significativo en la ley que regula la responsabilidad penal de los menores. A casi 50 años de la última modificación, el presidente Javier Milei presentará una propuesta para bajar la edad de responsabilidad penal. Este anuncio se formaliza en un contexto de intensas discusiones y diversas opiniones entre los representantes políticos.
Las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el 2 de febrero de 2026, serán el escenario de este debate crucial. Aunque esta reforma no estaba inicialmente en los planes del gobierno, las reuniones recientes llevaron a la administración de Milei a incluirla en su agenda. Este cambio podría tener profundas repercusiones en el sistema judicial argentino.
Detalles de la propuesta legislativa
La reforma proyectada contempla una modificación del régimen penal juvenil actual, ajustando la edad de imputabilidad. Actualmente, la ley establece que los menores son penalmente responsables a partir de los 16 años. Sin embargo, se propone reducir este límite a 13 años, aunque algunos legisladores sugieren establecerlo en 14 o incluso 12 años.
El decreto 53/2026, firmado por el presidente Milei y su jefe de gabinete, Manuel Adorni, formaliza la inclusión de este tema en el Congreso. Durante una reunión clave en la Casa Rosada, los miembros del gabinete discutieron la urgencia de abordar la reforma, que refleja un enfoque más punitivo hacia la criminalidad juvenil.
Opiniones encontradas
La propuesta ha suscitado reacciones diversas. Patricia Bullrich, senadora y figura destacada en el oficialismo, sostiene que una nueva legislación es vital para que quienes cometen delitos, sin importar su edad, enfrenten las consecuencias de sus acciones. Según ella, es esencial terminar con la impunidad que, a su juicio, ha beneficiado a los menores infractores en el pasado.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también apoya la reducción de la edad de imputabilidad, argumentando que Argentina se queda atrás en comparación con otros países de la región. Ella menciona que países como Uruguay y Brasil establecen edades de imputabilidad más bajas, sugiriendo que la legislación argentina debe adaptarse a las realidades actuales.
Impacto y contexto social
La discusión sobre la responsabilidad penal juvenil no es solo técnica, sino que también tiene profundas implicaciones sociales. La ministra Monteoliva destaca que las leyes actuales, que datan de 1980, no reflejan las dinámicas delictivas contemporáneas, donde organizaciones criminales utilizan a menores como parte de sus operaciones. Este fenómeno ha llevado a un llamado a reformar no solo la edad de responsabilidad, sino también a repensar el sistema de justicia juvenil en su totalidad.
El nuevo marco legal no se limitaría a sanciones, sino que también incluiría medidas de prevención y apoyo educativo para los jóvenes infractores. La propuesta aboga por crear un entorno más seguro y rehabilitador, separando a los menores de los adultos en los centros de detención.
La controversia en el legislativo
A medida que se acerca la fecha de inicio de las sesiones extraordinarias, el clima en el Congreso se torna tenso. A pesar del respaldo de algunos sectores, otros legisladores han manifestado su preocupación por las repercusiones de una reforma tan drástica. La falta de acuerdo sobre la edad específica augura un debate acalorado y negociaciones complejas.
El contexto de inseguridad en el país, acentuado por recientes sucesos trágicos, ha reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma en la legislación penal juvenil. La reciente muerte de un menor en circunstancias violentas ha llevado al gobierno a presionar para avanzar rápidamente en esta reforma, intensificando la discusión sobre cómo abordar la delincuencia juvenil en Argentina.
Las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el 2 de febrero de 2026, serán el escenario de este debate crucial. Aunque esta reforma no estaba inicialmente en los planes del gobierno, las reuniones recientes llevaron a la administración de Milei a incluirla en su agenda. Este cambio podría tener profundas repercusiones en el sistema judicial argentino.0
