El debate por la reforma laboral ingresó en una etapa de máxima tensión política: con el proyecto aprobado en el Senado por 42 votos a favor y 30 en contra, el texto fue remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento en revisión, y ya hay reacciones contundentes del movimiento obrero. Ante la posibilidad de que la iniciativa llegue al recinto en breve, la cúpula de la CGT anunció un paro general sin movilización para el día en que la Cámara de Diputados debata la reforma, en una señal de protesta que busca presionar sin convocar a actos masivos en la calle.
En paralelo, el oficialismo enfrenta cuestionamientos puntuales por artículos que afectan condiciones laborales y licencias: la polémica sobre la reducción salarial en casos de licencias por enfermedades graves motivó una reacción política y una promesa de corrección desde el propio bloque oficialista. Estas acciones y contramarchas evidencian una estrategia gubernamental por sostener la reforma mientras gestiona el costo político de las medidas más controvertidas.
Cómo se definió la protesta sindical
La decisión de la CGT se tomó tras reuniones virtuales entre sus cotitulares, incluyendo a dirigentes como Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo; este último había anticipado que “están dadas las condiciones” para avanzar hacia una huelga nacional. La convocatoria fue fijada expresamente para el día en que Diputados ponga a discusión el proyecto, con la particularidad de que será un paro de 24 horas sin movilización, es decir, sin concentraciones masivas, una modalidad que la central califica como contundente pero prudente frente al contexto social y político.
Ajustes en el texto y la polémica por las licencias médicas
Tras la oleada de críticas por la norma que reducía el salario durante licencias por enfermedades severas, desde el oficialismo llegó el anuncio de una corrección. Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, afirmó que se modificará el artículo y que se garantizará el 100% del salario en casos de enfermedades degenerativas o irrecuperables, aunque condicionó esa protección a la existencia de una corroboración fehaciente del diagnóstico. La forma jurídica de la solución aún se discute: puede instrumentarse por reglamentación, por una enmienda en Diputados o por un artículo adicional que clarifique la excepción.
Reacciones y dudas sobre la implementación
La propuesta de mantener el salario completo en casos extremos busca atenuar la crítica sindical, pero deja interrogantes sobre los criterios de verificación, el procedimiento administrativo y las posibles apelaciones. La tensión gira en torno a quién definirá la veracidad del estado de salud y cómo se articulará la protección con los mecanismos de fiscalización del sistema previsional y laboral.
Alianzas empresarias y el impulso gubernamental
En los últimos días, actores del sector privado mostraron afinidad con el espíritu de la reforma: el ministro que conduce temas económicos recibió al titular de la UIA, Martín Rappallini, y destacó la sintonía en torno a medidas como la reducción de aportes patronales para nuevos empleos y otras iniciativas orientadas a disminuir costos laborales. El gobierno subrayó instrumentos como el régimen de nuevo empleo y mecanismos para reducir la litigiosidad, buscando consolidar apoyos en el mundo empresario mientras avanza con la sanción de la ley.
Equilibrio político y calendario legislativo
Con la mira puesta en la asamblea legislativa del 1 de marzo, cuando el presidente inaugurará el período de sesiones, el oficialismo pretende tener la reforma sancionada antes de esa instancia. Ese objetivo marca un calendario apremiante: el proyecto que ya obtuvo aval en el Senado por 42 a 30 votos debe ahora transitar por comisiones y el recinto de Diputados, donde la definición de la CGT y la presión pública serán factores clave. La tensión entre velocidad legislativa y gestión del conflicto social configura el escenario político inmediato.
Las modificaciones anunciadas sobre licencias médicas intentan suavizar puntos sensibles, pero las negociaciones parlamentarias y la respuesta sindical marcarán si el conflicto se acota a la discusión legislativa o se transforma en una disputa más amplia en la esfera pública.
