El Senado argentino aprobó con una votación de 42 a 30 la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, un avance decisivo dentro de su paquete de transformaciones económicas. Tras intensas negociaciones y ajustes de última hora, el texto obtuvo la media sanción que permite su tratamiento en la Cámara de Diputados. La aprobación incluyó la supresión de artículos polémicos para sumar apoyos, al mismo tiempo que desencadenó protestas callejeras y debates sobre el futuro del mercado de trabajo en el país.
La jornada parlamentaria transcurrió entre acuerdos y tensión: mientras legisladores debatían en el recinto, un reducido grupo de manifestantes arrojó cócteles molotov contra fuerzas de seguridad que respondieron con chorros de agua y gases. A pesar de los incidentes, la zona céntrica funcionó con relativa normalidad. El paquete de cambios y concesiones busca equilibrar la intención del Ejecutivo por flexibilizar el empleo con el objetivo de preservar la gobernabilidad y reducir resistencias provinciales.
Principales cambios y alcance del proyecto
Entre las modificaciones más relevantes figura la habilitación de convenios colectivos por empresa, lo que permitirá negociar condiciones laborales a nivel de cada compañía en lugar de primar los acuerdos sectoriales tradicionales. El texto también establece topes indemnizatorios que redefinen el cálculo de las compensaciones por despido, intentando ofrecer previsibilidad a empleadores. Se incorporó un sistema de banco de horas para compensar jornadas extras y una ampliación de los períodos de prueba, además de ajustes en las multas por empleo no registrado y en los registros laborales.
Modificaciones de última hora
Para asegurar votos, el Gobierno aceptó varias concesiones: mantuvo la obligatoriedad de ciertos aportes sindicales y empresariales, aunque con límites inferiores a lo propuesto originalmente; reformuló las compensaciones por enfermedad o accidente (entre 50% y 75% del salario por periodos diversos) y habilitó la intervención de una Junta Médica en discrepancias sobre incapacidades. También se incluyó un anexo que prevé una transferencia progresiva de competencias de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, tema que generó debate interno entre legisladores.
Impacto económico y reacción de los mercados
La evolución del proyecto fue seguida de cerca por inversores como indicador de la fortaleza política del Gobierno y su capacidad para avanzar en reformas estructurales. La sanción puede reducir el riesgo país y acercar a Argentina a la posibilidad de emitir bonos internacionales, aunque otros reformas pendientes y plazos dilatados moderan expectativas. Se eliminaron artículos sensibles, entre ellos uno que habría bajado impuestos a empleadores y otro que permitía depósitos salariales directos en billeteras virtuales, un revés para el sector fintech.
Sectores favorecidos y perdedores
El planteo oficial apunta a abaratar costos laborales, incentivar contrataciones y reducir la litigiosidad por despidos, medidas que, según el Ejecutivo, modernizan normas que datan en muchos casos de la década de 1970. Sin embargo, la reforma llega en un contexto donde el empleo formal ya había perdido cerca de 200.000 puestos salariales desde la asunción del presidente, mientras que el sector informal ganó alrededor de 231.000 empleos y los trabajadores independientes crecieron en ~140.000. Estos números sugieren un proceso de reconfiguración del mercado laboral con efectos heterogéneos.
Estructura productiva y panorama social
El país muestra una dinámica en forma de recuperación en K: sectores exportadores y de alta productividad —como la agricultura, la energía y la minería— registran expansión con relativamente pocos puestos de trabajo, mientras que industrias intensivas en mano de obra como la manufactura, la construcción y el comercio siguen en contracción. Además de la caída de empleos formales, el Gobierno reporta la eliminación de cerca de 80.000 cargos estatales dentro de su plan de ajuste, lo que contribuye a la reestructuración del mercado laboral y alimenta las críticas sindicales sobre riesgo de precarización.
La iniciativa avanzó dejando en espera otras medidas, como la modificación de la ley de glaciares, que facilitaría inversiones mineras al despejar incertidumbres ambientales; ese proyecto quedó postergado mientras se negocian y priorizan los cambios laborales. En los próximos pasos parlamentarios, la discusión en Diputados será intensa: el texto podrá sufrir nuevas precisiones y su aprobación definitiva dependerá del equilibrio político y de las eventuales mutaciones que acuerden las distintas fuerzas.
