El Congreso debatió y envió a sanción definitiva un proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo, en una jornada signada por manifestaciones masivas, una huelga general convocada por los principales sindicatos y hechos de violencia en las inmediaciones del Parlamento. Mientras legisladores se inclinaban por el texto, organizaciones gremiales y sectores sociales cuestionaron la pérdida de derechos y la flexibilización que, según sus críticas, facilitaría contrataciones temporales y despidos más ágiles. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional emitió una declaración pública apoyando la iniciativa como un estímulo a la creación de empleo formal.
La votación parlamentaria se produjo tras días de intensa discusión, que incluyeron la eliminación de un artículo polémico sobre licencias por enfermedad y la continuidad de sesiones extraordinarias anunciadas bajo el marco del Decreto 103/2026, que confirmó la convocatoria para tratar, entre otros temas, una nueva norma de financiamiento universitario hasta el último día de febrero.
La huelga y la movilización sindical
La Confederación General del Trabajo (CGT) y la CTA realizaron un paro nacional de 24 horas que incluyó el apoyo del sector transporte, lo que incrementó el impacto del cese respecto a convocatorias previas. Los dirigentes sindicales denunciaron la pérdida de empleos registrada en años recientes y rechazaron la iniciativa por considerarla una transferencia de derechos hacia el empleador. En varias plazas del país se registraron cortes de calles, concentración de personas frente al Congreso y choques con fuerzas de seguridad; la respuesta policial incluyó el uso de gases y operativos para desalojar a grupos que arrojaron proyectiles. Desde el sindicato se insistió en que el objetivo fue exigir diálogo y garantías sobre los derechos laborales, mientras que el gobierno defendió el cambio como necesario para atraer inversiones y formalizar empleo.
Impacto en la industria y medidas de crisis
En paralelo a la discusión legislativa, la planta de la empresa FATE comunicó el cierre definitivo de su fábrica en San Fernando, con la liquidación de indemnizaciones a 920 trabajadores, decisión atribuida por la compañía a cambios en las condiciones de mercado, competencia de importaciones y restricciones cambiarias. El anuncio agravó la tensión social: gremios intentaron negociar en la planta y hubo reportes de detenciones durante esos episodios. El Ministerio de Trabajo intervino mediante una conciliación obligatoria que suspendió despidos temporariamente, intentando abrir espacio para la negociación colectiva y evitar un agravamiento inmediato del conflicto laboral.
Venta mayoritaria en el sector lácteo
Simultáneamente, el mercado de lácteos vivió una transferencia accionaria relevante: la multinacional canadiense Saputo vendió el 80% de su operación local a la firma peruana Gloria Foods, manteniendo el 20% restante. La operación, valorada en cientos de millones de dólares, incluyó marcas históricas y plantea preguntas sobre la concentración del sector, la estrategia exportadora y el futuro del empleo en plantas que abastecen tanto al mercado interno como a destinos internacionales.
Contexto político y repercusiones públicas
En el plano internacional y diplomático, el presidente asistió a un evento en Washington con mandatarios afines, donde reiteró su apoyo a misiones internacionales y subrayó la postura del Gobierno frente a conflictos globales. En lo doméstico, también trascendieron otros hechos de interés público: la fiscalización de movimientos contables en la AFA llevó a que su presidente y tesoreros fueran citados a declarar por presuntos movimientos irregulares; además, en la provincia de Neuquén se destapó un caso de ñoqui cuando un funcionario fue filmado fichando sin realizar tareas, lo que derivó en su despido y en acciones legales para recuperar salarios percibidos.
Otras noticias del país
Entre los sucesos recientes se incluyó la recuperación del cuerpo de una joven buceadora en Puerto Madryn, hecho que motivó investigaciones sobre la actuación de instructores y procedimientos de rescate. Estas noticias, sumadas a la tensión por la reforma laboral y los ajustes industriales, marcan un escenario doméstico con alta conflictividad social y mesas de negociación abiertas en varios frentes.
El cierre del capítulo legislativo sobre empleo no extingue las movilizaciones ni las inquietudes de actores sociales y empresariales: sindicatos advierten sobre retrocesos en derechos consolidados, algunos empresarios sostienen que los cambios son necesarios para competir en un mercado global, y organismos internacionales señalaron que ciertas modificaciones pueden favorecer la formalización laboral. El país encara ahora el desafío de traducir las reformas en empleo sostenido y, al mismo tiempo, responder a las demandas por protección social y diálogo tripartito entre Estado, sindicatos y empresas.
