En junio se celebraron las primeras elecciones judiciales en México y, a partir del 1 de septiembre, casi 900 jueces, magistrados y ministros asumieron sus cargos. Desde entonces, el debate sobre la independencia judicial y su relación con la confianza de inversionistas y empresas ha escalado, en especial tras un informe de Bloomberg publicado el 12 de febrero.
El análisis internacional, junto con reportes locales y reacciones del Ejecutivo, revela una combinación de retrazos procesales, fallos criticados por su calidad técnica y la percepción entre empresarios de una justicia más politizada. Este texto repasa los puntos clave, las voces involucradas y las posibles consecuencias para la actividad económica.
Qué señala el informe y por qué preocupa al sector privado
Bloomberg documentó que muchas empresas están evitando los tribunales y optando por mecanismos alternos como la arbitraje y la mediación. Según el medio, directivos y actuales o exfuncionarios judiciales reportaron sentencias con errores, una acumulación de expedientes y magistrados sin experiencia suficiente para casos complejos. Esa combinación genera incertidumbre jurídica, un factor relevante cuando México busca atraer capital extranjero dentro de iniciativas económicas ambiciosas.
La agencia también señaló que las decisiones con vicios técnicos o sesgos percibidos desincentivan demandas comerciales y, en algunos casos, han llevado a aplazar o cancelar inversiones por dudas sobre la ejecución de contratos. Esta percepción se suma a otros retos ya identificados por los empresarios, como la inseguridad y cuellos de botella en infraestructura.
Origen del conflicto: elecciones judiciales y críticas por politicidad
La reforma que permitió las elecciones judiciales fue promovida por la mayoría gobernante y enfrentó protestas masivas de empleados del poder judicial. Un reportaje de El Universal añadió más combustible al debate al indicar que la nueva Suprema Corte ha fallado favorablemente en al menos seis resoluciones relacionadas con reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y legisladores de Morena, sin registrar fallos en contra en esos temas específicos.
Expertos como el exministro Javier Laynez han cuestionado si esa dinámica respalda la noción de independencia. Para muchos en el mundo empresarial, la percepción de parcialidad pesa tanto como los errores técnicos: ambos erosionan la confianza necesaria para decisiones de mediano y largo plazo.
Impacto en cifras y encuestas
Organismos como Coparmex y el CEESP han vinculado la reforma con un enfriamiento de la inversión formal. Coparmex señaló caída en la formación bruta de capital fijo hasta niveles comparables con la pandemia, y encuestas del banco central mostraron que la falta del estado de derecho escaló entre los principales obstáculos para hacer negocios, pasando al segundo lugar detrás del crimen.
Respuestas oficiales y medidas de mitigación
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma y sostuvo que las elecciones fueron un paso democrático necesario para sanear el poder judicial. En conferencia reiteró que no se instruye a legisladores locales sobre decisiones presupuestales —un punto vinculado a la gobernabilidad política— y ha minimizado inquietudes sobre parcialidad, sugiriendo que la corte debe explicar sus resoluciones.
La Suprema Corte (SCJN) rechazó la idea de una falta generalizada de experiencia y aseguró que existen mecanismos de evaluación y control para garantizar profesionalismo. Además, la corte señaló que ha buscado diálogo con cámaras empresariales para atender inquietudes y mantener la certidumbre jurídica imprescindible para la economía.
Capacitación y retos operativos
Autoridades y exfuncionarios han comentado que hay programas intensivos de formación para los nuevos jueces. No obstante, reportes periodísticos describen aulas virtuales donde aspirantes y recién nombrados reciben clases sobre asuntos básicos del derecho; algunos instructores han comparado la formación con cursos complementarios a la práctica profesional, mientras que críticos estiman que la experiencia no se adquiere rápidamente ni solo con sesiones en línea.
Además, al menos nueve jueces renunciaron tras asumir, según medios locales, lo que agrava la rotación y el cúmulo de expedientes. Con una segunda ronda de elecciones prevista para 2027, el desafío de consolidar un cuerpo judicial confiable persiste.
Consecuencias para la inversión y escenarios posibles
El efecto inmediato es de precaución: empresas que enfrentan litigios tienden a preferir alternativas privadas o a posponer proyectos complejos. A mediano plazo, si las impugnaciones y la supervisión técnica mejoran, la percepción podría normalizarse; en caso contrario, la menor confianza en la justicia formal podría traducirse en menor inversión productiva y en mayor uso de mecanismos contractuales privados.
En síntesis, el debate combina cuestión técnica y política: la calidad de las decisiones judiciales y la percepción de independencia son variables críticas para las empresas. La manera en que la SCJN, el Ejecutivo y el sector privado gestionen diálogo y capacitación definirá si la reforma se traduce en un sistema más eficiente o en un freno a la inversión.
