El Senado argentino dio luz verde a una revisión polémica de la normativa que protege los glaciares y las zonas periglaciales, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei. La votación en la cámara alta aprobó el avance del proyecto con una mayoría que generó celebraciones en el oficialismo y protestas en las inmediaciones del Congreso.
La reforma modifica criterios clave sobre qué formaciones permanecen blindadas frente a actividades extractivas y traslada la responsabilidad de identificación y autorización a las administraciones provinciales. Esto abre la puerta a nuevos permisos para minería y exploración de hidrocarburos en regiones andinas con reservas minerales relevantes.
Qué cambia con la propuesta
El texto propone restringir la protección total exclusivamente a las áreas que se reconozcan como reservas hídricas estratégicas. En la práctica, muchas formaciones periglaciales que antes estaban cubiertas por la ley quedarán sujetas a evaluaciones que determinen su función hidrológica antes de impedir actividades industriales.
Además, se prevé la creación de un Inventario Nacional de Glaciares a cargo del Instituto Argentino de Nieve y Glaciología (IANIGLA), coordinado por la Secretaría de Energía, que será la autoridad responsable de identificar y catalogar qué formaciones conservar. El cambio implicaría que solo las zonas con una contribución demostrable a la recarga de cuencas mantendrían la protección plena.
Distribución de competencias y consecuencias prácticas
Una de las modificaciones más relevantes es que la evaluación y la decisión final sobre la protección corresponderían a las provincias, que realizarían estudios de impacto ambiental y, en su caso, concederían permisos para proyectos mineros o petroleros. Gobernadores de provincias andinas como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta apoyan la reforma porque favorecería la inversión en sectores como el litio, el cobre y otros minerales.
El oficialismo estima que la apertura podría atraer capital por miles de millones de dólares, mientras que organizaciones ambientalistas advierten sobre riesgos para la seguridad hídrica a largo plazo y sobre la pérdida de estándares nacionales homogéneos que la ley de 2010 había impuesto.
Impacto sobre la protección del agua
La ley vigente desde 2010 protegía tanto a los glaciares visibles como a las formaciones compuestas por suelos congelados, agua dulce, rocas y sedimentos, reconocidas por su papel como reservorios naturales. La reforma introduce una distinción que, según críticos, puede debilitar la protección de ecosistemas que regulan el balance hidrológico en zonas de montaña.
Control y criterios científicos
Los opositores al cambio sostienen que la nueva redacción desplaza un enfoque basado en criterios científicos hacia uno más discrecional, donde la definición de lo que constituye una reserva hídrica estratégica podría variar según intereses locales. Los defensores replican que el ajuste aporta claridad y permite el desarrollo provincial sin eliminar la prohibición expresa sobre intervenciones directas en glaciares visibles.
Reacciones, protestas y tensión política
El tratamiento del proyecto desató movilizaciones y un episodio frente al Congreso donde activistas de Greenpeace escalaron las rejas y realizaron una protesta con simbología que buscaba denunciar la amenaza al agua. Varias personas fueron detenidas brevemente, y un camarógrafo resultó lesionado durante su detención, lo que generó cuestionamientos públicos sobre el accionar policial y pedidos de investigación.
En el hemiciclo, las posiciones quedaron marcadas: senadores oficialistas defendieron la iniciativa como una forma de federalismo ambiental y de impulso económico, mientras que representantes de sectores peronistas y ambientalistas la criticaron por retroceder en la protección institucional de recursos hídricos estratégicos.
Argumentos del gobierno
El Ejecutivo afirmó que la reforma es necesaria para armonizar ordenamientos y atraer inversiones que potenciarían la exportación y la actividad productiva en el interior del país. Según sus voceros, la normativa seguiría prohibiendo actividades extractivas sobre los glaciares concretos y solo permitiría intervención en periglaciares sin función acreditada de reserva.
Críticas de la oposición y ONG
Ambientalistas y parte de la oposición recuerdan que los efectos sobre la disponibilidad de agua pueden ser lentos pero duraderos, y que delegar decisiones a niveles provinciales incrementa la presión para autorizar proyectos con impacto ambiental. Solicitan conservar estándares nacionales y fortalecer los criterios científicos en la identificación de áreas protegidas.
Próximos pasos
Tras recibir la media sanción en el Senado, el proyecto seguirá su trámite en la Cámara de Diputados. El debate continuará centrado en cómo compatibilizar el desarrollo minero con la conservación de las fuentes de agua en ambientes frágiles de alta montaña. La decisión final definirá si el país privilegia una norma más centralizada de protección o una gestión con mayor protagonismo provincial.
Mientras tanto, la discusión pública y las movilizaciones apuntan a mantener el tema en la agenda nacional, con posibles reclamos judiciales o solicitudes de revisión técnica sobre el alcance y los métodos de identificación del Inventario Nacional de Glaciares.
