La reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 por parte de la Cámara de Diputados de México ha encendido un debate candente. Con un gasto total de nueve billones 302 mil millones de pesos, la discusión no solo gira en torno a las cifras, sino también a la controversia que trae consigo la reforma que extingue el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Este cambio, que transfiere las funciones del Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), podría tener un impacto profundo en cómo se mide la pobreza en nuestro país.
Un cambio que plantea preguntas difíciles
Y aquí es donde surge una pregunta incómoda: ¿realmente este cambio es una mejora hacia la eficiencia o estamos ante un retroceso en la transparencia? La reforma fue aprobada con 353 votos a favor de los partidos Morena, PT y PVEM, mientras que 126 votos en contra provinieron de la oposición. Estos últimos argumentan que este movimiento debilita un órgano autónomo fundamental en la evaluación de las políticas sociales. No olvidemos que el Coneval ha sido un crítico de las políticas de desarrollo social, exponiendo las fallas en programas como Sembrando Vida. ¿Es esto realmente lo que queremos para el futuro de la medición social en México?
Desde la óptica de la administración actual, la defensa de la reforma se basa en la noción de “austeridad republicana” y en la eliminación de duplicidades. Pero, ¿es la austeridad una razón suficiente para sacrificar la independencia de un organismo que ha sido esencial en la evaluación de la pobreza? La clave podría estar en los datos. La efectividad de esta nueva estructura dependerá de cómo el INEGI asuma estas responsabilidades y si logra mantener la objetividad en la medición de la pobreza.
El impacto en la medición de la pobreza
La transferencia de funciones plantea dudas sobre si el INEGI podrá manejar adecuadamente las evaluaciones de pobreza. El artículo 26 de la Constitución establece que la medición de la pobreza debe ser precisa y confiable. Sin embargo, el INEGI ya tiene una carga considerable de trabajo y ahora se le suma esta nueva responsabilidad. Esto podría influir en la calidad de los datos y, por ende, en la efectividad de las políticas públicas que dependen de estos.
En este contexto, es crucial que la medición de la pobreza se mantenga enfocada en datos sólidos. La experiencia nos dice que la falta de transparencia puede llevar a decisiones erróneas y erosionar la confianza pública. Así que, el reto para el INEGI será garantizar que sus mediciones no solo sean precisas, sino también accesibles y comprensibles para la ciudadanía y los tomadores de decisiones. ¿Estamos listos para asumir esa responsabilidad?
Lecciones prácticas para el futuro
La situación actual nos deja varias lecciones valiosas. Primero, la independencia de los organismos de evaluación es fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas. La historia nos ha enseñado que sacrificar estos principios en nombre de la eficiencia puede llevar a resultados desastrosos.
En segundo lugar, la comunicación de los datos es clave. No basta con tener datos precisos; es esencial que estos sean interpretados y comunicados de manera efectiva para que puedan guiar el diseño de políticas públicas. La falta de comprensión de los datos puede generar desinformación y desconfianza en las instituciones. ¿Cuántas veces hemos visto esto pasar en nuestra historia reciente?
Finalmente, es vital que los legisladores y responsables de políticas se comprometan a monitorear de cerca la implementación de esta reforma. La evaluación continua y el ajuste de las políticas basadas en datos son cruciales para asegurar que se logren los objetivos sociales deseados. Así que, ¿estamos dispuestos a mantenernos vigilantes en este proceso?
