En un giro radical hacia la explotación de recursos naturales, el presidente argentino Javier Milei ha propuesto una reforma a la ley de glaciares. Esta iniciativa ha generado críticas contundentes de organizaciones ambientales como Greenpeace, que advierten sobre las consecuencias que podría tener para el acceso al agua en el país.
Durante un discurso reciente, Milei comunicó su intención de redefinir las zonas periglaciares protegidas por ley, lo que permitiría un aumento significativo en las inversiones mineras. Según Greenpeace, esta modificación no solo amenaza el medio ambiente, sino que también pone en riesgo la salud de millones de argentinos.
Impacto de la reforma sobre los recursos hídricos
La actual ley de glaciares, vigente desde 2010, prohíbe actividades que puedan dañar los glaciares y las áreas periglaciares, incluidas la minería y la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, el presidente sostiene que la reforma es necesaria para atraer inversiones que podrían multiplicar las exportaciones de minerales como el cobre, el oro y el litio.
Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, expresó su preocupación al señalar que la reforma abriría la puerta a actividades que comprometen la integridad de los glaciares, esenciales para la regulación climática y el almacenamiento de agua. Según ella, esta acción podría dejar a los glaciares expuestos a altos riesgos de contaminación y destrucción.
La perspectiva del gobierno
Milei defiende su postura, afirmando que la explotación del potencial mineral de la cordillera de los Andes podría transformar la economía del país. En una reciente intervención, el presidente criticó a los ambientalistas, sugiriendo que preferirían que la población sufriera hambre antes que permitir cualquier desarrollo económico. Según su visión, Argentina está subutilizando sus recursos naturales en esta área.
El contexto de la propuesta de reforma
El proyecto de reforma de la ley de glaciares forma parte de un paquete de medidas que el gobierno de Milei está impulsando para liberalizar la economía. Además de la reforma de la ley de glaciares, se prevén cambios en las leyes laborales y fiscales, que se discutirán en el Congreso a partir de diciembre, tras las elecciones de medio término que llevaron a nuevos legisladores al poder.
Argentina cuenta con cerca de 2,000 glaciares que cubren aproximadamente 310,000 hectáreas. Estos ecosistemas son vitales para la conservación del agua dulce y para el equilibrio climático del país. El debilitamiento de las leyes que los protegen podría repercutir no solo en el medio ambiente, sino también en el acceso al agua de las comunidades locales.
Reacciones de la sociedad civil
La propuesta de Milei ha generado un intenso debate en la sociedad argentina. Organizaciones no gubernamentales, ciudadanos y expertos ambientalistas han alzado la voz en defensa de los glaciares y el agua. La preocupación se centra en cómo estas reformas podrían afectar la calidad de vida y el acceso a recursos esenciales para la población.
La intención del gobierno argentino de modificar la ley de glaciares refleja un enfoque prioritario hacia la explotación de recursos naturales. Sin embargo, la oposición de Greenpeace y otros grupos subraya la necesidad de una discusión más amplia sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. La protección de los glaciares no es solo una cuestión de conservación, sino de garantizar el acceso al agua y la salud del ecosistema para las futuras generaciones.
