El reciente movimiento del Congreso de Baja California, que aprobó una reforma constitucional impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, merece un análisis a fondo. Pero, ¿realmente esta reforma va a mejorar la rendición de cuentas o simplemente estamos ante un cambio de etiquetas? La pregunta es obligada.
La reforma: un análisis de su contenido
La reforma aprobada introduce principios de racionalidad y austeridad republicana, con la intención de optimizar el uso de recursos públicos mediante una simplificación administrativa. Sin embargo, es fundamental considerar cómo estos principios podrían impactar la función pública y, ante todo, los derechos humanos. La extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado es uno de los cambios más notables. Las funciones de este instituto se trasladarán a las autoridades de control interno y vigilancia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto nos lleva a cuestionar si estas nuevas entidades serán efectivas a la hora de manejar los recursos de revisión que la ciudadanía presenta.
Otro aspecto interesante es el cambio de nombre de la Secretaría de Honestidad y Función Pública a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Aunque a simple vista puede parecer un avance, vale la pena preguntarse si esta modificación se traducirá en acciones concretas o si es solo un intento de mejorar la imagen pública sin un verdadero compromiso detrás.
La discusión legislativa y los puntos críticos
Durante el debate sobre la reforma, se presentaron reservas significativas. Las diputadas Alejandra Ang y Michel Sánchez propusieron que el titular del órgano interno de control del Instituto de Transparencia mantenga su cargo bajo las mismas condiciones y plazos que los comisionados, hasta que se implemente la legislación secundaria. Propuestas como esta son clave, ya que garantizan que no haya vacíos de poder que puedan comprometer la transparencia que se busca.
Además, el uso de un lenguaje inclusivo en la reforma, al reemplazar “los comisionados” por “las personas comisionadas”, muestra un avance hacia una mayor equidad en la representación. Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependerá de su correcta implementación y seguimiento, aspectos que no podemos subestimar en el proceso legislativo.
Lecciones aprendidas y el camino hacia adelante
Habiendo visto múltiples iniciativas caer en el ámbito tecnológico y empresarial, puedo afirmar que la clave no es solo establecer nuevas normativas, sino garantizar que existan mecanismos de seguimiento y evaluación efectivos. La importancia de medir el impacto real de estas reformas no puede ser ignorada. ¿Estamos alcanzando los objetivos de transparencia y protección de datos? Los datos de participación ciudadana serán cruciales para responder a esta pregunta en el futuro.
Para los fundadores y líderes en el ámbito público, la lección es clara: no basta con hacer cambios superficiales. Se necesita un compromiso genuino con la transparencia y la rendición de cuentas, que se refleje en prácticas reales y medibles. La reforma de Baja California podría ser un paso en la dirección correcta, pero solo el tiempo dirá si realmente se traduce en un cambio positivo y duradero.
