La ciudad de Ensenada avanza en la actualización de su reglamento de tránsito tras una reforma aprobada en comisiones que modifica prácticas habituales en operativos viales. El cambio más relevante es la eliminación del arresto automático cuando alguien es detectado en un filtro de alcoholímetro: a partir de ahora las personas serán presentadas ante el Juez Cívico, quien deberá determinar la sanción conforme a criterios de legalidad, proporcionalidad y transparencia. La iniciativa, impulsada por la alcaldesa Claudia Agatón, fue analizada por las comisiones de Gobernación y Legislación y de Seguridad Pública.
Además de la reforma en materia de alcoholimetría, el dictamen incorpora medidas para corregir cobros considerados injustos relacionados con el corralón. Cuando un vehículo sea remitido y posteriormente se determine que no existió infracción, los cargos de arrastre y resguardo podrán dejar de exigirse, evitando afectaciones económicas a la ciudadanía. Con estas medidas se busca armonizar el reglamento local con el modelo homologado de justicia cívica y fortalecer el debido proceso para quienes enfrentan procedimientos administrativos por faltas de tránsito.
De la detención automática a la valoración judicial
El punto central de la reforma sustituye una práctica de carácter automático por un procedimiento de valoración. Bajo el nuevo esquema, los operativos de alcoholímetro funcionarán como herramienta preventiva, pero la decisión punitiva quedará en manos del Juez Cívico. Esto implica que cada caso será analizado individualmente y sancionado con criterios que contemplen la gravedad de la conducta y las circunstancias del hecho. De esta manera, se pretende evitar sanciones mecánicas y garantizar que los actos de autoridad se apliquen con proporcionalidad y transparencia.
Protocolos y garantías
La reforma incluye la definición de protocolos más claros para el uso del alcoholímetro como medida preventiva, así como normas sobre el tratamiento de la persona presentada ante la autoridad. La intención es que las pruebas, la cadena de custodia y el derecho a la defensa cumplan estándares que reduzcan controversias y promuevan la certeza jurídica. Estas disposiciones buscan proteger tanto la seguridad vial como los derechos de los conductores, en línea con la consolidación del derecho de audiencia ante instancias cívicas.
Protección contra cobros indebidos en corralón
Otro aspecto destacado del dictamen es la corrección de una práctica que hasta hoy generaba que muchas personas pagaran cargos por la retención de su vehículo aun cuando se acreditara posteriormente la ausencia de infracción. Con la reforma, los rubros de arrastre y resguardo podrán quedar sin efecto si el Juez Cívico determina que no hubo falta, evitando desembolsos y trámites innecesarios. Esta modificación representa un alivio económico para conductores y una apuesta por procedimientos administrativos más justos y eficientes.
Implicaciones prácticas
En la práctica, esta norma reduce el incentivo para medidas automáticas que pueden derivar en reclamaciones y juicios administrativos. Al priorizar la resolución por el Juez Cívico, se busca que el proceso sea más ágil y menos conflictivo, y que las autoridades locales respondan con fundamentos claros cuando impongan sanciones. El regidor Gandolfo García destacó que la iniciativa fortalece el debido proceso y ofrece mayor certeza jurídica a la población.
Movilidad y criterios técnicos
La reforma no se limita a sanciones; también actualiza disposiciones de movilidad con el objetivo de mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas, dando prioridad a los usuarios más vulnerables. Se incorporan criterios técnicos renovados para la gestión del tránsito en una ciudad en crecimiento, lo que incluye planificación de rutas, señalización y protocolos preventivos orientados a reducir siniestros relacionados con consumo de alcohol. Estas mejoras pretenden transformar la planeación urbana y la operación vial hacia modelos más seguros y sostenibles.
Siguientes pasos administrativos
El dictamen aprobado en comisiones será turnado al pleno del Cabildo para su análisis y eventual aprobación definitiva, proceso que cerrará la etapa normativa municipal. Es importante recordar que el contenido del dictamen fue difundido por medios locales tras su aprobación en comisiones el 22 de abril de 2026 y en reportes posteriores el 25 de abril de 2026. Si el Cabildo ratifica los cambios, Ensenada dará un paso firme hacia un régimen de tránsito más garantista y respetuoso de los derechos ciudadanos.
