En Argentina se debate una iniciativa que puede cambiar el mapa de la minería: el Ejecutivo busca flexibilizar la ley de glaciares para que provincias puedan decidir sobre la protección de formaciones glaciales y periglaciales. El objetivo oficial es atraer inversiones privadas, especialmente en proyectos de cobre que, según empresas internacionales, podrían sumar alrededor de US$40.000 millones en desarrollo.
El planteo llega impulsado por presiones de grandes compañías mineras y por la urgencia del Gobierno de mostrar resultados económicos y empleo antes de la campaña rumbo a la elección de 2027. Al mismo tiempo, organizaciones ambientales, científicos y movimientos sociales advierten sobre consecuencias para las fuentes de agua y los ecosistemas andinos.
Qué propone la reforma y por qué interesa a las mineras
La modificación aprobada por el Senado delega a las provincias la competencia para calificar y gestionar las formaciones incluidas en la categoría de glaciares y periglaciares. Según el Ejecutivo y representantes del sector, esto ofrecería seguridad legal y administrativa para proyectos que hoy se paralizan por incertidumbres regulatorias.
Incentivos y proyectos en carpeta
Empresas como BHP, Lundin y Glencore han mostrado interés en desarrollar grandes yacimientos, entre ellos el complejo conocido como Vicuña, con inversiones conjuntas estimadas en unos US$18.000 millones. Además, hay planes como El Pachón que superan los US$9.000 millones. Para facilitar estas iniciativas se busca incluir proyectos en el régimen de incentivos RIGI, que ofrece ventajas fiscales y reduce riesgos políticos.
Los puntos de fricción: glaciares, inventarios y definiciones técnicas
El conflicto gira en torno a cómo se definen y protegen las formaciones. La ley vigente creó un inventario federal que brinda protección completa a los elementos registrados; fuera del inventario, las salvaguardias son menores. Uno de los debates clave es el umbral de una hectárea para la inclusión en el inventario: formaciones que hoy están por debajo o en retroceso pueden quedar en una zona gris legal.
Casos concretos en disputa
En zonas como Filo del Sol, donde se concentra gran parte de los recursos de Vicuña, hay una formación catalogada que, según estudios locales, se está reduciendo rápidamente y podría perder la condición de registro. En otro caso, una formación cercana a El Pachón fue excluida de un inventario provincial tras un estudio universitario que determinó que no aportaba al abastecimiento hídrico.
Reacciones científicas, sociales y jurídicas
Glaciólogos y organismos independientes han cuestionado la reforma. Algunos expertos señalan que trasladar la potestad a las provincias abre la puerta a desclasificaciones automáticas y a una erosión del alcance protector de la norma nacional. Para muchos científicos, la pérdida de integridad del marco legal significa una amenaza a la seguridad hídrica de comunidades aguas abajo.
En las calles y plazas, movimientos como Rebelión o Extinción han convocado manifestaciones y campañas contra la modificación, bajo consignas como «no toquen la ley de glaciares». Entre los argumentos sociales figura la invocación del derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado, que opositores consideran en riesgo.
Argumentos del sector minero y la narrativa proinversión
Desde la industria sostienen que la minería moderna puede operar respetando fuentes hídricas y biodiversidad, y reclaman definiciones técnicas más precisas sobre qué constituye una función hidrológica significativa. Además, subrayan el papel del cobre en la transición energética y la posibilidad de que la actividad impulse la economía local con empleos y divisas.
Escenarios y dilemas por delante
La iniciativa pasó por el Senado y aguardaba el tratamiento final en la Cámara baja; si se aprueba y se promulga, el país podría ver un flujo acelerado de proyectos mineros. No obstante, la disputa legal y social probablemente derive en impugnaciones, revisiones técnicas y mayor fiscalización pública.
El debate cruza prioridades: por un lado, la necesidad de inversión extranjera y el potencial para posicionar a Argentina entre los principales productores de cobre; por otro, la protección del agua y los servicios ecosistémicos de las montañas andinas. En ese cruce se jugará no solo el futuro de proyectos multimillonarios, sino la relación entre desarrollo económico y conservación ambiental.
