El gobierno argentino ha dado un paso significativo en la reforma de su sistema de inteligencia nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Este fue firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y su gabinete. La medida ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y social, ya que redefine la operativa de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y amplía sus poderes.
Con este decreto, el gobierno busca centralizar decisiones y facilitar el flujo de información entre diversas agencias estatales. Sin embargo, la oposición critica estas medidas, acusando al gobierno de propiciar un posible espionaje político.
Cambios estructurales en el sistema de inteligencia
El DNU establece una reestructuración profunda del sistema de inteligencia, creando nuevas agencias y disolviendo otras, unificando competencias bajo la dirección de la SIDE. Uno de los aspectos más relevantes es la formalización de la naturaleza encubierta de las actividades de inteligencia, que hasta ahora se asumía, pero que ahora se expresa claramente en la normativa.
Definiciones y nuevas categorías
Por primera vez, se introduce una definición legal para el concepto de investigación de inteligencia, lo que permite identificar actores y conductas sin la necesidad de un delito concreto. Esto amplía el campo de acción de la SIDE y legitima acciones preventivas en un contexto más amplio.
Además, el decreto expande el concepto de contrainteligencia, considerando no solo el espionaje o el sabotaje, sino también la injerencia externa y la influencia. Esto podría abrir un abanico de acciones más amplias por parte de las agencias del Estado.
Implicaciones en la seguridad pública
Uno de los aspectos más controvertidos del DNU es la facultad otorgada al personal de inteligencia para realizar detenciones en situaciones de flagrancia. Esta medida implica un cambio radical en las atribuciones históricas de los servicios de inteligencia, que ahora pueden actuar de manera más directa en la seguridad pública.
Articulación y control
El decreto también establece dos nuevas comunidades: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que incluye fuerzas militares y de seguridad, y la Comunidad Informativa Nacional, conformada por organismos civiles como Migraciones y Aduanas. Esto significa que todas las instituciones públicas deberán colaborar en la recolección de información, ampliando la base de datos del sistema de inteligencia.
A su vez, la antigua Dirección de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia, encargada de llevar a cabo auditorías y evaluaciones de desempeño, priorizando el control interno. Este movimiento ha levantado preocupaciones sobre la falta de supervisión política externa, lo que podría desdibujar los límites de la responsabilidad civil.
Reacciones y desafíos legales
Las críticas no se han hecho esperar. Desde la oposición, advierten sobre el peligro de que estas reformas conduzcan a un estado policial encubierto. El diputado Christian Castillo del Frente de Izquierda ha señalado que estas nuevas disposiciones podrían facilitar el espionaje de opositores y periodistas, lo que pone en riesgo la libertad de expresión en el país.
El texto del DNU ya ha comenzado a circular y se espera que se oficialice en el Boletín Oficial. Sin embargo, el oficialismo no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para sostener esta reforma a largo plazo, lo que podría llevar a un debate intenso sobre su validez y aplicación.
Con este decreto, el gobierno busca centralizar decisiones y facilitar el flujo de información entre diversas agencias estatales. Sin embargo, la oposición critica estas medidas, acusando al gobierno de propiciar un posible espionaje político.0
