En los dos meses transcurridos desde el cambio político anunciado por la administración de Donald Trump, muchos hogares venezolanos no han sentido la recuperación prometida. La producción petrolera cayó un 21% hasta los 780.000 barriles por día en enero y las exportaciones se redujeron, lo que limitó la entrada de dólares que históricamente sirven de colchón frente al debilitamiento del bolívar. Esa contracción en la oferta de divisas ha alimentado una subida de precios que empuja a más familias hacia la precariedad.
La escasez de moneda extranjera ha coincidido con una aceleración de la inflación, que pasó de alrededor de un 475% en diciembre a cerca del 600% en febrero, y con críticas a las subastas de divisas lanzadas por el gobierno interino por ser lentas y poco transparentes. Para muchos analistas y ciudadanos, las señales políticas avanzan más rápido que las mejoras económicas reales: salarios estancados, pérdida de poder adquisitivo y precios en alza siguen marcando el día a día.
Producción petrolera y sistema cambiario
La reducción en la extracción de crudo y el descenso de los envíos al exterior son el epicentro del problema. Sin el flujo sostenido de divisas que generan las ventas de petróleo, el Estado y las empresas tienen menos margen para abastecer el mercado y financiar importaciones. En paralelo, la introducción de un mecanismo de subasta en el que bancos privados distribuyen los dólares vendidos por el Estado ha intentado ordenar el mercado, pero ha generado dudas. Las entidades registran ventas promedio cercanas a 500 bolívares por dólar, por encima de la tasa oficial pero por debajo del mercado paralelo, situado en torno a los 600 bolívares, lo que deja un amplio margen de incertidumbre.
Distorsiones y falta de transparencia
Las quejas apuntan a la opacidad de la asignación de divisas: empresas y particulares no saben cómo se priorizan los sectores ni qué criterios se aplican. Eso empuja a muchos a recurrir al mercado paralelo, pagando precios más altos para asegurar insumos, lo que a su vez reduce márgenes y aumenta precios al consumidor. Consultores como Alejandro Grisanti consideran que el país progresa más rápido en lo político que en lo económico, y que las subastas ofrecen alivios parciales, pero no constituyen una solución definitiva.
Impacto en los hogares y reacción social
Los efectos en la vida cotidiana son evidentes: el salario mínimo oficial permanece sin cambios desde 2026 en 130 bolívares, cifra que equivale a cerca de 30 centavos de dólar al tipo oficial y que la población considera simbólica. Encuestas de Meganálisis muestran que alrededor del 80% de los residentes percibe que su situación económica no ha mejorado en los primeros dos meses comparados con 2026, y solo el 7% reportó una mejora tangible. Al mismo tiempo, la mayoría opina que un salario digno debería situarse entre US$200 y US$400, mientras que la canasta alimentaria para una familia de cinco asciende a US$677, según Cendas.
Protestas y expectativas
El descontento se traduce en movilizaciones: las protestas aumentaron un 53% en enero y muchas de ellas estuvieron vinculadas a demandas laborales, con trabajadores, pensionados y jubilados reclamando salarios y pensiones más altas. Expertos como Phil Gunson señalan que no hay mucho progreso tangible para la mayoría, pese al optimismo expresado por la población. Ese optimismo, alimentado por promesas de cambios y aperturas, puede virar a frustración si los ingresos no mejoran a la par de las expectativas.
Reformas, inversiones y riesgos
En el frente institucional, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha impulsado modificaciones a la ley de hidrocarburos, otorgando mayor discrecionalidad sobre impuestos y regalías para atraer inversión privada, y presentó una nueva normativa para reactivar la minería, sector que sufrió saqueo y degradación ambiental tras años de gestión estatal. Figuras como Luis Vicente León de Datanálisis estiman que en la segunda mitad del año los ingresos petroleros podrían casi duplicarse y que la demanda de consumo podría crecer hasta un 17%, aunque esas proyecciones tardan en plasmarse en la economía real.
Actores internacionales han visitado Caracas, entre ellos el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, en intentos de restablecer confianza de inversionistas. Analistas de instituciones como JPMorgan, citando la experiencia de mediados de 2026, recuerdan que cuando las exportaciones pudieron fluir libremente la tasa de cambio convergió y la inflación cayó a 35%. No obstante, consultores como Eduardo Fortuny advierten que la reconstrucción de cadenas productivas y el retorno de profesionales emigrados serán procesos lentos, y que la situación actual requiere tiempo y mayor transparencia para que las expectativas se traduzcan en mejoras reales.
