El 24 de marzo vuelve a ser, en Argentina, una jornada dedicada a la memoria, la marcha y el reclamo público. Bajo el emblema histórico de Nunca más, agrupaciones de derechos humanos, sindicatos y colectivos sociales convergen en una manifestación multitudinaria que tendrá su epicentro en la emblemática Plaza de Mayo. La convocatoria recuerda a las víctimas de la dictadura y busca mantener vivo el testimonio de quienes sufrieron la desaparición forzada, la tortura y el exilio, en un contexto en el que la interpretación oficial del pasado está en disputa.
La presencia de las organizaciones históricas marca el tono: las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo lideran la marcha, continuando un ritual que comenzó en tiempos de represión. Mientras se renueva esa escena pública, se suceden procesos judiciales y hallazgos forenses: en Córdoba un tribunal identificó restos óseos de doce víctimas encontrados en lo que fue centro clandestino. Voces como la de la periodista Miriam Lewin, quien a los 68 años recuerda haber sido secuestrada con 19 años y llevada a la ESMA, aportan relatos personales que alimentan la memoria colectiva.
Balance judicial y búsqueda de identidades
La respuesta judicial a los crímenes del pasado ha sido extensa pero incompleta: hasta la fecha se registran 1.208 condenas en más de 350 juicios, aunque aún permanecen abiertos más de 300 procesos. Las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado restituir la identidad a 140 nietos y nietas que nacieron en cautiverio o fueron apropiados, pero la organización estima que más de 300 casos siguen sin resolverse. Estos procesos se inscriben dentro de los juicios de lesa humanidad, mecanismos jurídicos fundamentales para reconstruir responsabilidades y documentar el plan sistemático que ejecutó la represión estatal.
Casos recientes y hallazgos forenses
En los últimos años la investigación forense ha permitido identificar víctimas cuyos restos fueron hallados en sitios que funcionaron como centros clandestinos. El reconocimiento de 12 personas en Córdoba es solo un ejemplo de cómo la ciencia contribuye a cerrar capítulos para las familias. Estos descubrimientos reafirman la importancia del trabajo de equipos forenses y bancos de datos genéticos, herramientas que permiten confrontar el pasado y, para muchos, alcanzar un cierre parcial del duelo. Aun así, la restitución de identidades y la búsqueda de personas desaparecidas continúan siendo una prioridad para las organizaciones de derechos humanos.
Política, memoria y disputa narrativa
El aniversario llega en medio de una fuerte controversia política sobre cómo debe contarse la historia reciente. El gobierno del presidente Javier Milei ha planteado una reinterpretación que reduce las cifras tradicionales y propone una lectura en términos de un conflicto donde ambos bandos cometieron excesos. Desde la Casa Rosada se difundieron materiales y mensajes que cuestionan la narración dominante, incluido un video institucional con la participación del polémico escritor Agustín Laje. Esta postura ha generado rechazo amplio en la sociedad y en organismos internacionales, que advierten sobre intentos de reformulación histórica que podrían erosionar el legado de las víctimas.
Reacción social e institucional
Encuestas recientes elaboradas por la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales, con 1.136 entrevistas a nivel nacional, indican que siete de cada diez argentines condenan la dictadura. A su vez, expertos de Naciones Unidas instaron al gobierno a detener acciones que amenacen la memoria histórica, y los obispos argentinos señalaron que la historia no debe ser «mutilada». El politólogo Iván Schuliaquer, de la Universidad Nacional de San Martín, subraya que «algo del pacto democrático se ha roto con este gobierno», aunque destaca que el movimiento de derechos humanos conserva una capacidad de movilización y visibilidad pública difícil de igualar.
La marcha como gesto político y emocional
Más allá de los números y las disputas, la concentración en Plaza de Mayo funciona como un espacio de encuentro para familias, sobrevivientes y nuevas generaciones que buscan mantener viva la memoria. Portando fotografías, pancartas y relatos, los participantes reafirman el compromiso de que la frase Nunca más siga siendo un principio rector en la vida pública. En ese acto colectivo confluyen el reclamo por justicia, la reparación simbólica y la voluntad de evitar que episodios de violencia estatal queden sometidos a reinterpretaciones que minimicen su impacto.
