El conflicto público entre el presentador Carlos Massa, conocido como Ratinho, y la diputada federal Erika Hilton escaló en la semana tras comentarios emitidos en vivo en el Programa do Ratinho. En la edición del 12 de marzo de 2026 el conductor cuestionó la elección de Hilton como presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer, poniendo en duda su condición de mujer por su trayectoria como persona trans. Al día siguiente, el 13 de marzo de 2026, el SBT informó que la controversia fue abordada internamente y que el asunto estaba «resuelto», sin ofrecer detalles sobre las medidas concretas adoptadas.
Ante esos comentarios, la diputada Erika Hilton presentó una serie de acciones formales: solicitó al Ministerio de las Comunicaciones la suspensión del programa por 30 días y pidió que se instara una investigación criminal contra el presentador; además elevó un pedido de daños morales colectivos ante el MPF. La parlamentaria argumenta que las declaraciones constituyen transfobia y niegan su identidad de género, lo que, según su representación, vulnera los principios y obligaciones asociados a una concesión pública de radiodifusión.
Medidas solicitadas y fundamentos legales
En la documentación entregada al Ministerio de las Comunicaciones y en las demás presentaciones, la defensa de Erika Hilton sostiene que la difusión de ese tipo de mensajes en televisión abierta puede configurar abuso del derecho de expresión y discriminación en razón de la identidad de género. El expediente incluye tres pedidos formales: la apertura de una investigación criminal contra Ratinho; la actuación del Ministerio Público Federal para evaluar daños morales colectivos; y la evaluación administrativa de la emisora para aplicar sanciones previstas por la ley de radiodifusión.
Solicitud de suspensión
La petición para suspender el Programa do Ratinho por 30 días se apoya en la idea de que la transmisión de contenido ofensivo desde una pantalla de alcance nacional afecta el interés público y los valores que regulan la concesión. El documento pide que la Secretaría de Radiodifusión (Serad) analice si la emisión violó normas que exigen el respeto a la dignidad humana y a los valores éticos de la radiodifusión, y que determine posibles sanciones administrativas, que van desde advertencias hasta multas o suspensión temporal de la programación.
Investigación y reclamo por daños colectivos
Además de la suspensión, el pedido de apertura de investigación penal busca que se examine si los comentarios constituyeron hechos punibles en el marco de la legislación contra delitos por odio. El reclamo de daños morales colectivos al MPF pretende reconocer el impacto más amplio sobre comunidades trans y mujeres que se sienten atacadas por discursos que, según la diputada, refuerzan prejuicios y estigmatizaciones.
Respuesta de SBT y actuación del Ministerio
El SBT reaccionó públicamente condenando «cualquier tipo de discriminación y prejuicio» y señaló que las declaraciones del presentador no representan la postura institucional; según la emisora, la cuestión se analizó por la dirección y sería tratada internamente. En un comunicado divulgado el 13 de marzo de 2026 la empresa afirmó que el caso fue solucionado y que Ratinho permanece con su programa en la grilla, aunque no informó qué acciones administrativas o correctivas se adoptaron.
Evaluación administrativa
Por su parte, el Ministerio de las Comunicaciones comunicó que la solicitud de suspensión será estudiada por la estructura técnica de la Secretaría de Radiodifusión (Serad), que seguirá los procedimientos administrativos pertinentes para decidir sobre la posible aplicación de sanciones. El organismo destacó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente, sin anticipar resultados.
Reacciones políticas y contexto
El episodio se inscribe en un ambiente político tenso tras la elección de Erika Hilton como presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer, con 11 votos a favor y 10 en blanco, convirtiéndola en la primera mujer trans en ocupar ese cargo. Tras los hechos, figuras de la oposición cuestionaron la legitimidad de su presidencia y criticaron la decisión del órgano, mientras que la diputada respondió en redes sociales rechazando los ataques y señalando que recurrir a la vía judicial y administrativa era necesario cuando se superan los límites de la ley.
En síntesis, aunque el SBT declaró el conflicto «resuelto» el 13 de marzo de 2026 y el presentador continúa al aire, las iniciativas legales promovidas por Erika Hilton y el análisis pendiente del Ministerio de las Comunicaciones mantienen abiertas posibles consecuencias administrativas y penales. El desarrollo de los procedimientos determinará si la controversia se cierra definitivamente o si habrá sanciones adicionales.
