En Puerto Marqués, comunidad del corredor de Punta Diamante en Acapulco, pescadores, buzos y prestadores de servicios náuticos han alzado la voz contra la ampliación de un complejo residencial de lujo. Según los denunciantes, desde hace meses se realizan trabajos que incluyen la colocación de rocas, sedimentos y escombros en zonas costeras recuperadas, donde ahora se edifica un restaurante y una alberca a nivel del mar. La queja apunta a que estos materiales se depositan directamente en el agua, afectando el lecho marino y las áreas tradicionales de captura.
Los representantes de la Sociedad Cooperativa de Pescadores y Buzos de Puerto Marqués reclaman la intervención de autoridades ambientales y anuncian trámites formales ante organismos como Profepo y Semanart. En su narrativa aparece la petición de revocar tanto la licencia de construcción como la concesión del terreno ganado al mar, argumentando que la obra se está efectuando dentro de una zona protegida destinada a la recuperación de recursos marinos.
Denuncias desde la bahía: lo que muestran los recorridos
Durante recorridos en lancha, los afectados mostraron tuberías visibles, pilas de roca y restos de obra que, según ellos, caen al agua mientras avanza la construcción frente a Vista Real, un condominio con dos décadas de operación en la zona. Los prestadores de servicios y buzos sostienen que esas descargas han sido continuas por aproximadamente cinco meses y que generan turbidez y sedimentación que cubren el sustrato donde se reproducen diversas especies.
Qué señalan los pescadores
El presidente de la cooperativa, Gregorio Pérez Palma, advirtió sobre un daño potencialmente irreversible al hábitat bentónico y a especies como caracoles, ostiones, almejas, pulpos y langostas, fundamentales para la pesca local. Los pescadores estiman que, si el lecho queda cubierto por sedimentos como en proyectos previos, la recuperación de la pesquería podría tardar de 10 a 15 años. También expresan preocupación por el uso de agua clorada en la alberca, que podría introducir contaminantes al sistema marino.
Impactos ambientales y marco jurídico
Los reclamos se inscriben en un debate mayor sobre la protección de la costa y el reconocimiento del ecocidio como delito. En este contexto, académicos y organizaciones civiles han impulsado la idea de que la destrucción masiva y prolongada de ecosistemas sea tipificada a nivel internacional. Localmente, los denunciantes recuerdan casos previos en Guerrero, como la acusación de 2026 en la que pescadores imputaron a una planta eléctrica por la muerte masiva de sardina, y apuntan que la bahía aún no se recupera del huracán Otis, ocurrido el 25 de octubre de 2026.
Procedimientos administrativos y exigencias
Los afectados han anunciado que presentarán denuncias administrativas y legales para que se revise la validez de permisos otorgados y la supervisión de las obras. Solicitan inspecciones en sitio, suspensión de trabajos y la retirada de los rellenos si se comprueba daño al ecosistema. Además, demandan mayor fiscalización de las autoridades ambientales frente a proyectos que, dicen, se desarrollan sin la vigilancia suficiente.
Repercusiones sociales y próximos pasos
Más allá del daño ambiental, la disputa afecta a familias de 132 cooperativistas que dependen de la pesca y los servicios turísticos. La comunidad teme desplazamientos en sus zonas de captura y la pérdida de ingresos por la reducción de mariscos y recursos locales. Los organizadores de la protesta colocaron cartulinas en embarcaciones y confirmaron que iniciarán trámites esta semana para exigir la revocación de permisos y la intervención de autoridades municipales, estatales y federales.
El caso de Puerto Marqués funciona como un ejemplar local de un conflicto que combina desarrollo inmobiliario, protección costera y derechos comunitarios. Mientras los habitantes insisten en que no están en contra del progreso, piden que se respeten las normas ambientales y se garantice la supervivencia de sus medios de vida. La atención pública y las acciones administrativas definirá si este episodio desemboca en medidas de contención y restauración o en la continuación de las obras en disputa.
