La Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad en Jalisco se encuentra en el centro de una nueva discusión social. Un grupo de colectivos ha lanzado una iniciativa para reformar la ley estatal, proponiendo que este cargo sea ocupado obligatoriamente por una persona con discapacidad. Esta propuesta surge en respuesta a la falta de representación real en la toma de decisiones que afectan a esta población.
El contexto de la iniciativa
Desde la creación de la Dirección de Inclusión, la mayoría de las personas nombradas para liderar esta área no tienen una discapacidad. De hecho, solo una persona con discapacidad ha ocupado el cargo desde su inicio. Esta situación ha generado un movimiento social que busca cambiar la redacción de la ley, eliminando la palabra preferentemente del artículo 12, que actualmente permite que el puesto sea ocupado por personas sin discapacidad.
Recolección de firmas y apoyo ciudadano
La campaña de recolección de firmas se lanzó hace aproximadamente seis semanas y ha logrado reunir cerca de 300 apoyos hasta el momento. El objetivo es alcanzar un total de 3,500 firmas para que la iniciativa pueda avanzar en el proceso legislativo. Los promotores, liderados por el colectivo Constituyentes, están organizando actividades en espacios públicos y plataformas digitales para incrementar el apoyo a la reforma.
Exigencias de la reforma
La reforma propone ciertos cambios clave que buscan garantizar que la dirección de inclusión sea ocupada por personas con discapacidad. Entre estos cambios, se destaca la eliminación del término preferentemente y la estipulación de que se requiere un mínimo de tres años de experiencia en la defensa de derechos para aquellos que ocupen el cargo. Además, se mantendrán los requisitos profesionales, asegurando que los postulantes también tengan la preparación necesaria.
La importancia de la representación
Óscar Curiel de la Torre, uno de los principales impulsores de la iniciativa, destaca que quienes viven la discapacidad tienen una comprensión más profunda de las necesidades y desafíos que enfrentan. Según Curiel, esta es una razón fundamental para que las decisiones sobre políticas de inclusión sean tomadas por personas que realmente experimentan esta realidad en su vida diaria.
Desarrollo legislativo y diálogo con el congreso
A pesar de la existencia de una propuesta similar presentada en el pasado por una legisladora local, esta permanece estancada en el Congreso de Jalisco. La situación ha llevado a los promotores de la nueva iniciativa a realizar labores de cabildeo para avanzar con su propuesta. Aunque han encontrado disposición al diálogo por parte de algunos miembros de la comisión dictaminadora, aún no se han concretado avances significativos.
Los activistas enfatizan que la falta de acción en el congreso no solo perjudica a las personas con discapacidad, sino que también va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige la participación activa de esta población en decisiones que les conciernen.
El papel de la ciudadanía en la inclusión
Las organizaciones que apoyan esta causa afirman que la participación ciudadana es esencial para crear políticas públicas efectivas. Es crucial que las personas con discapacidad estén involucradas en el proceso de creación de leyes que les afectan. Como señala Alexander Dey Bueno, director de proyectos en una organización que promueve la democracia, es fundamental que quienes han vivido la discapacidad tengan voz en la formulación de políticas públicas.
La recolección de firmas continuará durante los próximos meses, y si se alcanza el número necesario, la propuesta será revisada por el congreso local, lo que podría marcar un paso significativo hacia una inclusión real en Jalisco.
