El Ejecutivo federal presentó una alternativa para moderar el precio del combustible: una subvención de R$1,20 por litro sobre el diesel importado, repartida entre la Unión y las unidades subnacionales, según comunicaron fuentes oficiales el 24 de marzo de 2026. La propuesta llega después del rechazo de parte de los gobernadores a la idea de eliminar el ICMS sobre las importaciones, y busca una fórmula de efecto rápido sin forzar una renuncia fiscal directa de los estados. El plan prevé que la Unión aporte R$0,60 por litro y que los estados asuman la otra mitad, con una decisión pendiente en el Confaz el viernes 27 de marzo de 2026.
Desde el punto de vista presupuestario y operacional, el Ejecutivo estima que el costo podría situarse entre R$3.000 millones y R$4.000 millones durante un período de dos meses, mientras que la Secretaría de Hacienda llegó a mencionar un efecto fiscal de R$3.000 millones hasta el 31 de mayo de 2026 en una estimación alternativa. Los técnicos federales insisten en que la iniciativa sólo es factible si hay adhesión voluntaria de todas las unidades federativas, porque el diseño operativo contempla un pago adelantado por parte de la Unión a los importadores y un reembolso posterior por vía de descontar la parte estatal de las transferencias al FPE.
Diseño operativo y justificaciones técnicas
Para facilitar la entrega rápida del beneficio y evitar distorsiones en la formación de precios, la propuesta prevé que el gobierno federal realice el desembolso inicial al importador y luego compense vía FPE a través de retenciones proporcionales. La decisión de invertir el flujo de pago responde al riesgo de que los importadores no puedan fijar precios si cada estado implementa su propio subsidio en plazos y montos distintos. Además, la medida busca prevenir el llamado riesgo moral, donde un estado podría aprovechar la ayuda sin contribuir a su financiamiento; por eso la adhesión universal se considera un requisito político y técnico para justificar la retención de transferencias constitucionales.
Monitoreo y trazabilidad: el reto del Scanc
Un obstáculo operativo señalado por los técnicos es que el sistema de seguimiento de operaciones con combustibles, el Scanc, no discrimina entre diesel importado y producido en el país, lo que complica la aplicación selectiva del subsidio. Para salvar esa limitación, la propuesta contempla repartir el costo entre los estados según su participación histórica en el consumo, medida por los registros de recaudación del ICMS. Esa solución implica cálculos ex post y criterios de reparto basados en históricos, una fórmula aceptable a corto plazo pero con margen de controversia entre las secretarías de Hacienda estatales.
Motivaciones políticas y efectos colaterales
La iniciativa también tiene un claro objetivo político: en un año electoral, rechazar una ayuda de la Unión que reduce el precio del combustible puede resultar costoso para cualquier gobernador. Funcionarios federales reconocen que la propuesta coloca a los estados «en la berlina», porque la negativa exigirá explicaciones públicas. A su vez, varios gobernadores muestran reticencias sobre la temporalidad de la medida: preocupa que un mecanismo concebido por dos meses termine prolongándose si la presión sobre precios persiste, generando nuevas tensiones fiscales.
Otras medidas y límites legales
Paralelamente, el gobierno ya había anunciado una subvención previa de R$0,32 por litro para productores e importadores y eximió impuestos federales como PIS/Cofins sobre el combustible. No obstante, como el combustible comercializado en las estaciones es una mezcla que incluye biodiesel, todavía quedan partidas por ajustar: el Ejecutivo evalúa extender la exención sobre el biodiesel, una posibilidad confirmada por el ministro Dario Durigan, aunque cambiar las alícuotas de ICMS solo sobre importaciones enfrenta restricciones técnicas y jurídicas y podría requerir compensaciones para respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Próximos pasos y posibles escenarios
El foco inmediato del gobierno es convencer a los gobernadores antes de la reunión del Confaz del 27 de marzo de 2026; si todos adhieren, se espera que el esquema operativo permita pagos rápidos a importadores y alivie la cadena de abastecimiento nacional. Si la adhesión es parcial, la implementación se tornaría compleja por problemas de precios y trazabilidad, y el Ejecutivo tendrá que evaluar acciones adicionales para garantizar el suministro interno. En cualquier caso, la combinación de razones técnicas y presión política hará que el desenlace de esta propuesta sea vigilado con atención por mercados, distribuidores y consumidores.
