Mientras en Estados Unidos se anticipan grandes flujos de aficionados por el Mundial 2026, en California una iniciativa legislativa busca controlar el mercado secundario de boletos. El proyecto, identificado como AB 1720 y presentado por el asambleísta Matt Haney, propone reglas más estrictas para evitar que revendedores obtengan ganancias desproporcionadas y oculten cargos al consumidor.
La medida, introducida el 5 de febrero de 2026, generó debate público y político desde su presentación; además, su trámite tuvo un revés administrativo cuando la audiencia en comité fue postergada el 6 de mayo. Aun así, el texto contiene disposiciones claras sobre topes, transparencia y sanciones que cambian el modo en que funcionan las plataformas y los revendedores profesionales.
Qué limita exactamente AB 1720
En esencia, la propuesta pretende que un revendedor comercialice una entrada por un máximo equivalente al precio original más un 10%. Ese tope no solo se aplica al valor base del boleto, sino que incluye los cargos adicionales que con frecuencia se adhieren durante la compra en línea. La intención es cerrar las vías que permiten inflar el precio final mediante tarifas fragmentadas o conceptos separados.
Topes acumulativos y reventas sucesivas
Un punto clave del plan es que el tope del 10% se mantiene aun cuando el boleto cambie de manos varias veces. En otras palabras, aunque un mismo ticket pase por distintos intermediarios dentro del mercado secundario, su precio máximo permitido siempre será el original más ese margen establecido. El objetivo declarado por los promotores es impedir la multiplicación artificial del coste que sufren los compradores finales.
Obligaciones de las plataformas y transparencia
El texto de la iniciativa impone responsabilidades directas a los denominados ticket resale marketplaces. Según la redacción, estas plataformas no podrán aplicar cargos adicionales superiores al 10% del valor original, ni cargar comisiones al vendedor o al comprador que superen ese umbral. Además, se exige que cada anuncio muestre de forma clara el precio original del boleto para que los usuarios comparen y detecten sobreprecios.
Mecanismos contra cargos ocultos
AB 1720 busca también cerrar prácticas habituales como las tarifas por procesamiento, entrega u otros conceptos que suelen aparecer durante el checkout digital. La ley prohibiría que esos cargos se usen para sortear el tope, obligando a una contabilización transparente del precio total antes de completar la transacción.
Sanciones previstas y vías de reclamación
Para asegurar el cumplimiento, el proyecto contiene un esquema de multas escalonado. Una primera infracción podría acarrear una multa civil de hasta US$1000 por cada entrada vendida en violación de la norma. Si hay reincidencia, la penalidad subiría a US$2500 por ticket, y en casos de incumplimiento consciente y voluntario se contempla un tope de hasta US$5000 por entrada.
Además de las multas, la iniciativa autoriza acciones legales por parte del fiscal general de California, abogados municipales o representantes de condados. Las herramientas disponibles incluyen pedidos de restitución a consumidores, decomiso de ganancias obtenidas en forma irregular y medidas cautelares para prevenir nuevas violaciones.
Exclusiones: qué no cubre la normativa
Aunque el debate tomó fuerza por la cercanía del Mundial 2026, el texto de AB 1720 contiene una excepción explícita: la normativa no se aplicará a entradas para **competencias deportivas profesionales** ni a boletos revendidos por abonados de temporada. También quedan fuera eventos universitarios, torneos amateurs y actividades reguladas por asociaciones deportivas colegiales o nacionales.
Excepción para torneos internacionales
El apartado dedicado a competencias internacionales aclara que la propuesta no alcanza a torneos donde participen selecciones nacionales, mencionando expresamente la Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos. Por tanto, incluso si la ley llegara a aprobarse durante el ciclo del Mundial 2026, las entradas para ese torneo seguirían sujetas a las reglas especiales que rigen los eventos deportivos internacionales.
Impacto esperado y reacciones
Los defensores de la iniciativa sostienen que el tope del 10% y las obligaciones de transparencia protegerán a consumidores y reducirán especulación. Críticos, en cambio, alertan sobre posibles efectos secundarios: menor liquidez en el mercado secundario, litigios por definiciones técnicas y cargas regulatorias para plataformas pequeñas. La exclusión de eventos deportivos complica el alcance práctico de la norma en años con grandes torneos internacionales.
En cualquier caso, AB 1720 marca una tendencia legislativa sobre la que muchos estados y reguladores estarán atentos: por un lado, la intención de limitar ganancias por reventa y aumentar la claridad informativa; por otro, la dificultad de conciliar esas restricciones con la naturaleza de los grandes eventos deportivos y los mercados digitales que los rodean.
