El gobierno federal dio a conocer una propuesta de reforma electoral integrada por diez ejes que apuntan a modificar la estructura del Congreso, regular tecnologías en campañas y reducir el costo de los comicios. La iniciativa, presentada en rueda de prensa por la presidenta y difundida por la Secretaría de Gobernación, plantea cambios significativos en la representación proporcional, en la financiación partidista y en la supervisión del proceso electoral.
Entre las medidas más llamativas figura la reducción del número de senadores de 128 a 96, la preservación de una Cámara de Diputados con 500 escaños y la eliminación de candidaturas plurinominales que no aparezcan en boleta. El paquete incluye además propuestas sobre el voto de mexicanos en el extranjero, la regulación de la inteligencia artificial en campañas y prohibiciones relacionadas con la reelección y el nepotismo a partir de 2030.
Rediseño del Congreso y la representación proporcional
La iniciativa plantea mantener los 500 diputados federales, con 300 elegidos por distrito y 200 asignados por proporcionalidad, aunque con cambios en su forma de elección. Bajo el nuevo esquema, las listas partidarias de los llamados «pluris» ya no podrán ser opacas: los nombres deberán aparecer en las boletas y los candidatos tendrán que salir a conseguir el voto popular, según explicó la Secretaría de Gobernación. En el Senado, la propuesta elimina los escaños otorgados por representación proporcional, manteniendo las fórmulas de mayoría y primera minoría.
Implicaciones prácticas
Obligar a que las candidaturas plurinominales figuren en el sufragio busca que toda persona que aspire a un cargo rinda cuentas ante el elector y compita en territorio. Para sus impulsores, esto democratiza la selección de representantes y evita que partidos coloquen legisladores sin respaldo directo. Críticos alertan que el cambio puede favorecer a organizaciones con mayor estructura territorial y que requerirá ajustes en las reglas de asignación de escaños.
Recorte de gasto electoral y fiscalización de recursos
El Ejecutivo propone una reducción del 25% en el gasto electoral, afectando recursos del Instituto Nacional Electoral, partidos políticos, órganos locales y tribunales electorales. Pablo Gómez Álvarez, al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, señaló que en el país destinó 61 mil millones de pesos al sistema electoral y que el costo por votante es comparativamente alto. La propuesta busca reorientar ahorros a áreas como educación y salud, sin debilitar la autonomía del organismo electoral, según el gobierno.
Controles y transparencia
Uno de los pilares es reforzar la fiscalización de los recursos partidistas y de campañas para dificultar el financiamiento ilícito, incluidas las entradas provenientes de la delincuencia organizada. La iniciativa incluye mecanismos de supervisión más estrictos y sanciones, y plantea reducir tiempos de publicidad en radio y televisión por partido, además de limitar los recursos operativos que reciben los órganos electorales.
Tecnología, voto exterior y normas de conducta
La reforma incorpora reglas sobre el uso de inteligencia artificial en campañas: todo contenido generado o modificado deberá identificarse y se propone prohibir el uso de bots en la difusión electoral. También se propone facilitar el voto de mexicanos en el extranjero, con mecanismos representativos para que la comunidad migrante pueda elegir a sus propios diputados. En materia de conteos y cómputos se plantean ajustes operativos y la introducción de herramientas electrónicas para promover la democracia participativa.
Adicionalmente, la iniciativa incluye medidas de conducta pública: a partir de 2030 se prohibiría el nepotismo para ocupar cargos electivos y se vetaría la reelección inmediata. Aunque esos puntos ya fueron aprobados en leyes separadas, el Ejecutivo los volvió a incorporar en el paquete como un refuerzo político y simbólico.
Trámite parlamentario y reacciones
Al tratarse de una reforma constitucional, se requerirá la aprobación de dos terceras partes en ambas cámaras y la coordinación con partidos aliados. Morena necesitará sumar la voluntad del Partido del Trabajo y del Partido Verde, que han expresado dudas sobre recortes presupuestales y la eliminación de las listas plurinominales. La oposición ha advertido riesgos de concentración del poder, mientras que el gobierno insiste en que la iniciativa responde a una demanda ciudadana por mayor transparencia y ahorro.
La Secretaría de Gobernación será la encargada de presentar formalmente la iniciativa al Congreso. Mientras avanzan los debates, el Ejecutivo defiende que los cambios buscan que todos los aspirantes «salgan al territorio a conseguir el voto» y que el ahorro presupuestal permita redirigir recursos a servicios públicos esenciales sin menoscabar la integridad del proceso electoral.
