La diputada Damaris Silva Santiago (Morena) presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que modifica el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo con la intención de reducir la cuota mínima de contratación de personal mexicano en puestos operativos y profesionales. La propuesta plantea que, en lugar del actual 90%, el porcentaje baje al 75%, de modo que el porcentaje restante quede disponible para dar prioridad a personas migrantes en situación de vulnerabilidad.
Los argumentos de la iniciativa combinan datos estadísticos sobre la precariedad laboral entre la población migrante y las dificultades del mercado para cubrir vacantes especializadas. El objetivo declarado es facilitar el acceso a un empleo formal, a la capacidad de cotizar en seguridad social y a procesos de formación y capacitación que permitan la inclusión económica ordenada de quienes llegan o se encuentran en condición de movilidad.
Fundamentos y datos que motivan la iniciativa
La propuesta cita evidencia de organismos internacionales para justificar el ajuste. Según la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones, sólo una cuarta parte de la población migrante en México tiene un empleo formal. Los indicadores muestran que un 9% realiza trabajo independiente, un 33% percibe ingreso fijo, únicamente 9% cuenta con contrato escrito y apenas 6% tiene acceso a seguridad social. Estos números apuntan a condiciones laborales precarias que la reforma intenta corregir mediante la creación de cupos concretos dentro del sector formal.
Contexto del mercado laboral
En paralelo, son citadas encuestas del sector privado que revelan problemas para llenar vacantes: la Encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup señala que el 67% de las empresas mexicanas enfrenta dificultades para contratar, con sectores como el automotriz, finanzas y manufactura por encima del promedio. Para los promotores de la iniciativa, la incorporación ordenada de trabajadores migrantes puede aliviar ambos problemas: ofrecer mano de obra disponible y reducir la brecha entre oferta y demanda.
Alcances de la reforma propuesta
El texto de la iniciativa incorpora salvaguardas para proteger a la fuerza laboral nacional y a sectores estratégicos. Se establece que la limitación del 75% no aplicaría a puestos de dirección, administración y gerencias generales, salvo que se deje fuera a personal mexicano previamente capacitado. Además, se plantea la obligación de que empleadores y trabajadores extranjeros colaboren en la capacitación del personal mexicano, con el fin de transferir conocimientos y evitar desventajas competitivas.
Excepciones y protección de sectores estratégicos
La iniciativa incluye la disposición de que las empresas estatales y actividades consideradas de interés nacional sigan empleando exclusivamente mano de obra mexicana. Con ello se busca conciliar la apertura a migrantes en el mercado privado con la preservación de la soberanía laboral en áreas sensibles para el país, manteniendo un equilibrio entre inclusión y protección del empleo nacional.
Impacto esperado y consideraciones legales
Si el Congreso aprobara la reforma al artículo 7, los efectos legales serían concretos: priorizar formalmente la contratación de migrantes en situación de vulnerabilidad en el 25% de plazas antes reservadas exclusivamente a nacionales, sin eliminar las oportunidades ni la formación para trabajadores mexicanos. El propósito es integrar a migrantes mediante mecanismos regulares y seguros, reducir la explotación laboral y ampliar la base de cotizantes al sistema de seguridad social.
Beneficios potenciales y desafíos
Entre los beneficios anunciados figuran mayor inclusión social, mitigación de la escasez de talento y una potencial mejora en productividad. Sin embargo, expertos y actores sociales podrían plantear dudas prácticas sobre la implementación: registro de la condición de vulnerabilidad, mecanismos de supervisión para evitar abusos, y la coordinación entre autoridades laborales, migratorias y empleadores para garantizar que la prioridad se traduzca en empleos dignos y estables.
La discusión legislativa deberá ponderar las cifras citadas por la iniciativa, las implicaciones para el mercado laboral y las medidas complementarias —como programas de capacitación y regularización migratoria— que permitan que la propuesta cumpla su propósito sin generar fricciones en sectores sensibles. La propuesta abre un debate sobre cómo combinar inclusión, protección y competitividad en el mercado de trabajo mexicano.
