En comisiones de la Cámara de Diputados se avanza en iniciativas que buscan blindar la privacidad de las personas frente a la publicidad no solicitada. El eje central es que ni empresas, ni plataformas digitales, ni proveedores puedan utilizar, compartir o comercializar datos personales con fines publicitarios sin autorización previa y verificable del titular. Paralelamente, se impulsa prohibir que bancos y empresas realicen llamadas mercadotécnicas a clientes sin su permiso, con la intención de reducir prácticas recurrentes que consumen tiempo y erosionan la confianza.
Las dos propuestas, aunque distintas en su alcance normativo, convergen en un principio común: el derecho a decidir sobre el uso de la información personal. En los documentos se plantea que el consentimiento expreso debe manifestarse mediante una acción afirmativa comprobable —por escrito, electrónica o por cualquier tecnología que deje rastro— y que debe ser independiente de la contratación de un bien o servicio. Además, se prevén mecanismos sencillos para revocar esa autorización y límites al volumen de comunicaciones comerciales.
Qué plantean las reformas
Una de las iniciativas propone modificar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para que el tratamiento con fines publicitarios requiera siempre autorización clara. En términos prácticos, esto impediría que se use información como nombre, edad, ubicación, preferencias y datos de navegación sin consentimiento. La otra iniciativa, impulsada por el diputado Ricardo Monreal, propone cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para atacar las llamadas insistentes de bancos y proveedores, fijando requisitos y prohibiciones sobre el uso de información con fines mercadotécnicos.
Detalles clave y límites operativos
Entre las medidas concretas sobresalen: que la aceptación para recibir publicidad sea independiente del contrato del servicio; que el consentimiento sea revocable, gratuito y fácil de ejercer; y que el proveedor deje de enviar comunicaciones en un plazo corto tras la revocación. También se contempla que, aun con consentimiento, los envíos por canales como llamadas telefónicas, correos y SMS queden acotados en frecuencia —por ejemplo, una comunicación publicitaria mensual por consumidor en ciertos supuestos— y que la autorización sirva únicamente para la empresa que la recibió.
Registro y transparencia
Se propone fortalecer registros y mecanismos de control: además de ampliar funciones de los registros existentes como el Registro Público para Evitar Publicidad, las reformas plantean la creación o consolidación de un Buró de Entidades Financieras administrado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, donde se publiquen datos sobre productos, quejas y sanciones. Estos instrumentos buscan que el consumidor tenga herramientas para decidir con información y para denunciar prácticas indebidas.
Impacto esperado para usuarios y empresas
Para los usuarios, las propuestas significan mayor control y menos invasión: poder revocar permisos con botones o enlaces visibles, dejar de recibir llamadas publicitarias no autorizadas y saber con qué empresas se compartió su información. En el caso de llamadas telefónicas y mensajes, los legisladores señalan cifras que ilustran el problema: un promedio de 24 llamadas al mes reportadas por algunos usuarios y que alrededor del 54 por ciento de llamadas desde números no registrados corresponden a spam. Además, México figura entre los países con mayor volumen de llamadas no solicitadas en la región.
Obligaciones para empresas
Para las plataformas, anunciantes y entidades financieras la exigencia implica revisar procesos: adaptar sistemas de recolección, rediseñar políticas de privacidad, implementar mecanismos de consentimiento verificables y ofrecer vías sencillas de bloqueo o revocación. También se propone ajustar el régimen sancionador, sustituyendo multas expresadas en días de salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y aplicar sanciones a quienes no cumplan las nuevas reglas.
Experiencia previa y cifras
Las iniciativas recogen antecedentes que muestran la insuficiencia de los instrumentos actuales. Entre 2007 y 2026 se inscribieron 3.7 millones de números en el primer registro, cifra que reportes posteriores elevan a 5.3 millones, aunque persisten miles de denuncias: se registraron 10 mil 1 denuncias por comunicaciones no deseadas. Estos datos, según los promotores, revelan fallas en la implementación y la necesidad de normas más exigentes.
Trámite legislativo y posibles escenarios
Las iniciativas fueron aprobadas en comisiones y ahora deberán discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados; si obtienen mayoría, pasarán al Senado para su análisis. El proceso legislativo puede añadir modificaciones técnicas o acotar medidas, por lo que el resultado final dependerá del debate y de acuerdos entre las fracciones. En cualquier caso, las propuestas han reactivado la discusión pública sobre privacidad digital, responsabilidad de las empresas y los límites aceptables de la publicidad en la era digital.
En resumen, las reformas buscan colocar al usuario en el centro de la decisión sobre sus datos y comunicaciones, introduciendo consentimiento expreso, mecanismos de revocación fáciles y sanciones más claras, con el fin de reducir prácticas invasivas y elevar los estándares de protección en servicios digitales y financieros.
